Una red de 30 personas acusada de lavar dinero del narcotráfico a gran escala.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas se prepara para un juicio monumental. Este jueves, una banda de al menos treinta personas se sentará en el banquillo de los acusados, enfrentando graves cargos por blanqueo de dinero del narcotráfico.
Se trata de un entramado que, según la acusación, operaba con una sofisticación preocupante, moviendo grandes sumas de dinero hacia la isla de Cuba, así como a otros países como Estados Unidos y República Dominicana.
La Fiscalía no se ha andado con rodeos: está pidiendo penas de prisión que, sumadas, superan los 200 años de cárcel, además de multas que ascienden a más de 47 millones de euros, reseña Europa Press.
Para una docena de los implicados, el Ministerio Público ha solicitado seis años de cárcel y una multa de tres millones de euros para cada uno.
Otros nueve se enfrentan a cinco años de prisión y 900.000 euros en multas, mientras que el resto de los acusados, con penas que van de los dos a los cinco años, podrían tener que pagar entre 6.000 y 300.000 euros.
Un entramado que operaba en varios países
El escrito de acusación detalla el funcionamiento de esta estructura criminal, que habría operado entre 2018 y 2021. Su principal objetivo, de acuerdo con la Fiscalía, era adquirir bienes de diversa índole en Cuba y realizar transferencias a través de una red de testaferros.
El modus operandi de la banda se basaba en un esquema complejo de movimientos financieros ilegales.
Entre las tácticas utilizadas, la Fiscalía señala transferencias bancarias sin justificación a través de una sociedad fantasma ubicada en Canarias.
También realizaban envíos directos de dinero a cuentas en el extranjero, emitían facturas falsas para dar apariencia de legalidad a las transacciones y utilizaban gestores de transferencias y locutorios para mover los fondos de manera encubierta.
En total, se estima que esta red de blanqueo logró transferir más de medio millón de euros en un período de dos años, entre 2019 y 2021, todos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
El juicio promete ser una ventana a la forma en que el crimen organizado utiliza los canales financieros para lavar sus ganancias, y el veredicto final podría sentar un precedente importante en la lucha contra el crimen transnacional en la mayor de las Antillas.
Caso del general Arnaldo Ochoa Sánchez en Cuba
Este caso, aunque de menor envergadura, recuerda el que se siguió al general Arnaldo Ochoa Sánchez en Cuba, suceso de gran relevancia que sacudió la cúpula del gobierno cubano en 1989. El proceso culminó con la ejecución del héroe de la Revolución Cubana y una figura militar de alto rango, junto a otros tres altos funcionarios.
Detalles del caso
El escándalo estalló en junio de 1989, cuando se anunció el arresto de Ochoa, un militar con una hoja de servicio impecable que incluía condecoraciones en la Guerra de Angola y en la crisis de Bahía de Cochinos. Fue acusado de narcotráfico y traición a la patria.
El juicio, transmitido por televisión, expuso una red de operaciones de tráfico de drogas que involucraba a varios oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior.
El tribunal, compuesto por un consejo de oficiales militares, condenó a Ochoa y a otros trece implicados. Las acusaciones principales se centraron en una supuesta colaboración con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, permitiendo el uso del espacio aéreo y marítimo cubano para el transporte de cocaína hacia Estados Unidos.
Los condenados
Además de Arnaldo Ochoa, los principales condenados a muerte y ejecutados fueron:
- Antonio de la Guardia Font: Exjefe del Departamento de Misiones Especiales del Ministerio del Interior.
- Jorge Martínez Valdés: Mayor de las Fuerzas Armadas.
- Amado Padrón Trujillo: Capitán de las Fuerzas Armadas.
Todos ellos fueron encontrados culpables de narcotráfico, aunque las acusaciones de traición contra Ochoa fueron las que más resonaron en el ámbito político. Otros diez acusados recibieron penas de prisión de entre 10 y 30 años.
El caso dejó una marca imborrable en la historia de la Revolución Cubana, mostrando la inflexibilidad del régimen ante la corrupción, al menos públicamente, y enviando un claro mensaje de que nadie estaba por encima de la ley, sin importar su estatus o historia.
