Más de un millón de deportaciones reflejan el desafío migratorio nacional
Santo Domingo.- La inmigración haitiana irregular continúa representando el mayor desafío para la República Dominicana, según advirtió el Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, Director General de Migración (DGM), durante una conferencia sobre la situación migratoria binacional. En el evento, organizado por el Parlamento Centroamericano y el Senado de la República, el funcionario destacó la necesidad urgente de reforzar el control fronterizo, revisar la legislación vigente e impulsar la integración de los ciudadanos dominicanos en sectores productivos clave.
Durante su exposición, titulada “La realidad migratoria de la República Dominicana y la República de Haití”, Lee Ballester subrayó las profundas asimetrías sociales, económicas y políticas entre ambas naciones, señalando que estas diferencias han detonado una migración masiva e irregular desde Haití. “Este fenómeno impone presiones crecientes sobre la salud, la educación, el empleo informal y otros servicios públicos”, explicó.
El titular de la DGM indicó que entre 2016 y 2025 se han deportado 1,177,813 extranjeros en situación migratoria irregular, de los cuales 114,884 corresponden solo al año 2025. Estas acciones, precisó, se han ejecutado dentro del marco legal dominicano, priorizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Lee Ballester también enfatizó el impacto de la inmigración irregular en la seguridad y estabilidad del país, alertando sobre su influencia en la saturación de servicios públicos, el crecimiento desordenado de asentamientos, y los riesgos para la cohesión cultural y social.
A pesar de este panorama, reconoció que no todos los ciudadanos haitianos en el país están en situación irregular. Informó que 206,073 personas han solicitado su regularización bajo el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE-2014), y que muchos de ellos cuentan con permisos de residencia y trabajo vigentes.
La Dirección General de Migración mantiene una coordinación estrecha con instituciones de seguridad, justicia y salud, así como con organismos internacionales como Interpol, UNODC, CICTE y SICA, en un esfuerzo conjunto por combatir el tráfico de personas y el crimen organizado transnacional.
El funcionario reiteró que proteger la soberanía nacional no está reñido con el respeto a los derechos humanos, y que es responsabilidad del Estado garantizar el orden migratorio en beneficio de todos los ciudadanos.
