Construirá 25 campos fronterizos para recibir deportados mexicanos
MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación de México, liderada por Rosa Icela Rodríguez, ha anunciado un ambicioso plan para mitigar el impacto de una posible crisis migratoria derivada de las políticas de deportación que podrían intensificarse tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero. El proyecto contempla la construcción de 25 campos de acogida en la región fronteriza para brindar refugio y asistencia a los inmigrantes mexicanos que sean deportados.
Durante una reunión sostenida este sábado con los gobernadores de los estados fronterizos, Rosa Icela Rodríguez detalló que estos campos tendrán la capacidad de albergar hasta 2,500 personas cada uno. El objetivo principal es garantizar el trato humano y la seguridad de los migrantes que regresen a México, en un esfuerzo coordinado con los mandatarios estatales.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron los gobernadores Samuel García, de Nuevo León; Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Manolo Jiménez, de Coahuila. La mandataria subrayó que esta iniciativa se enmarca en la política humanitaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha priorizado el bienestar de los migrantes en tránsito y de los ciudadanos mexicanos que enfrenten un retorno forzado.
“Junto a mis compañeros gobernadores de la frontera, estamos priorizando el trato humano y bienestar de los migrantes que pasan por nuestro país”, expresó Rodríguez. Además, destacó que el gobierno mexicano está preparado para actuar con rapidez y eficacia ante un escenario de masivas deportaciones.
Un desafío migratorio inminente
El regreso de Trump al poder representa una preocupación significativa para México, dado su historial de políticas migratorias estrictas y su intención declarada de aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. En respuesta, la administración de Sheinbaum busca adelantarse a los acontecimientos, adoptando medidas preventivas para evitar una crisis humanitaria en la frontera.
Estos campos de acogida estarán equipados con infraestructura básica, como alojamiento temporal, servicios médicos y acceso a alimentos, además de contar con personal capacitado para brindar apoyo psicológico y legal a los migrantes que lo requieran.
Colaboración intergubernamental
El éxito del plan dependerá en gran medida de la colaboración entre los gobiernos federal y estatales, así como del apoyo de organizaciones internacionales y civiles. Según Rosa Icela Rodríguez, ya se han establecido mesas de trabajo para coordinar la logística de construcción y operación de los campos.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, resaltó que la solidaridad y la organización son esenciales en este momento crítico. “No es solo un desafío para nuestras fronteras, es un desafío para todo México”, afirmó.
Impacto político y social
La estrategia también busca minimizar el impacto político y social que podría derivarse de un aumento en las deportaciones. Expertos señalan que, además de atender las necesidades básicas de los deportados, será fundamental implementar políticas que promuevan su reinserción laboral y social en las comunidades de origen.
Con este plan, México no solo responde a un posible incremento en las tensiones migratorias, sino que también reafirma su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas.
El tiempo corre mientras el país se alista para lo que podría ser una de las mayores olas de deportaciones en su historia reciente. La construcción de estos 25 campos de acogida es un paso crucial para enfrentar un desafío que trasciende fronteras y que pone a prueba la capacidad de México para responder a una crisis migratoria con humanidad y eficacia.
