Hasta 12 años de cárcel por transferencias fraudulentas de propiedades públicas y privadas
Santo Domingo.-Un proyecto de ley depositado por el senador Alexis Victoria Yeb en el Congreso dominicano propone un endurecimiento de las penas por delitos relacionados con la transferencia ilícita de propiedades, allanamientos ilegales, invasiones y expropiaciones fraudulentas.
Las sanciones incluyen hasta 12 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 500 salarios mínimos, dependiendo de las agravantes del caso.
La propuesta busca atacar de frente a los grupos criminales y carteles dedicados al despojo ilegal de propiedades mediante falsificación de documentos y maniobras fraudulentas.
En particular, las propiedades secuestradas, incautadas o decomisadas en procesos judiciales serán objeto de mayor protección, con penas de 5 a 12 años de prisión para los responsables.
“No más impunidad para quienes se lucran del robo de tierras”, señaló el abogado César Amadeo Peralta, al describir el impacto del proyecto.
Las propiedades situadas en zonas de alto valor, como áreas turísticas o urbanas, han sido las más afectadas, causando pérdida de inversiones privadas y extranjeras y sembrando inseguridad jurídica.
Transferencias ilícitas y autor mediato: nuevas figuras delictivas
El artículo 9 del proyecto define severas sanciones para la transferencia ilícita de propiedades mediante falsificación de documentos o violencia, con penas de 4 a 10 años de prisión y multas de hasta 500 salarios mínimos.
Además, introduce la figura del autor mediato, quien organiza o financia estos delitos. Este será castigado con penas de hasta 12 años de prisión si se trata de propiedades secuestradas o incautadas.
Protegiendo a los más vulnerables y combatiendo la reincidencia
El proyecto tipifica circunstancias agravantes que elevan las penas. Entre ellas, si las víctimas son personas vulnerables, como menores, mujeres embarazadas o discapacitados; si se utiliza violencia física o psicológica, armas, amenazas de muerte o daños a la propiedad; o si los perpetradores son funcionarios públicos, militares o policías.
invasiones ilegales y allanamientos: penas para funcionarios y cómplices
El proyecto también sanciona a funcionarios públicos que participen en allanamientos ilegales, invasiones o transferencias fraudulentas de propiedades bajo su gestión. De acuerdo con el artículo 15, cualquier funcionario que violen un domicilio sin orden judicial enfrentará penas de 2 a 3 años de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos.
"La corrupción institucional no puede ser tolerada", se establece en el texto. Funcionarios públicos y notarios que se conviertan en cómplices del despojo inmobiliario serán castigados severamente, incluyendo inhabilitación profesional y penalizaciones económicas.
Prevención y justicia: impacto esperado de la ley
De aprobarse, esta ley podría representar un antes y un después en la lucha contra los robos de tierras y fraudes inmobiliarios, reduciendo la inseguridad jurídica y fortaleciendo la confianza en el sistema judicial.
Las disposiciones buscan proteger a los propietarios legítimos, garantizar el respeto a los derechos de la propiedad privada y pública, y establecer sanciones ejemplares para grupos criminales organizados y sus facilitadores.
Esta reforma legislativa responde a años de demandas de sectores afectados y busca proteger no solo la economía nacional, sino también la dignidad y el patrimonio de los dominicanos.
De ser aprobada, esta legislación podría transformar el panorama legal y frenar el despojo sistemático de propiedades en la República Dominicana, restaurando la seguridad jurídica y protegiendo a los propietarios legítimos.
“Es hora de cortar de raíz este cáncer que afecta a nuestra nación”, enfatizó Victoria Yeb.
