Incluyen a altos cargos y fuerzas de seguridad implicados en represión
Washington, EE. UU. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra 21 funcionarios venezolanos, incluyendo altos cargos y miembros de las fuerzas de seguridad, acusados de participar en el presunto “fraude electoral” y en acciones represivas tras las elecciones celebradas el 28 de julio. Entre los sancionados se encuentra Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro del Interior venezolano.
El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que los sancionados han colaborado con el gobierno de Nicolás Maduro en “reprimir a la sociedad civil” y “desconocer la voluntad de los votantes”, quienes habrían elegido como presidente a Edmundo González Urrutia, según la información divulgada por las autoridades norteamericanas.
Fraude electoral y represión sistemática
El Tesoro señaló que las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), han implementado tácticas represivas, como arrestos arbitrarios y violentos. Estas medidas incluyeron la detención de González Urrutia, quien posteriormente se vio forzado a abandonar Venezuela.
“Han ayudado a ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes”, enfatiza el comunicado del Tesoro, que acusa a las autoridades venezolanas de silenciar a la población e impedir reuniones pacíficas.
Según Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, “estas acciones reflejan un intento desesperado por mantener el control y sofocar las voces de los ciudadanos”.
Una amplia lista de sancionados
Entre los altos funcionarios sancionados destacan:
• Aníbal Coronado, ministro de Despacho de la Presidencia.
• Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación.
• Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios.
Además, la lista incluye varios comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana y altos oficiales del SEBIN y la DGCIM, considerados responsables de ejecutar las órdenes represivas de Maduro.
El comunicado señala que estos individuos han utilizado la violencia y la intimidación para consolidar el poder del gobierno, lo que ha llevado a la detención arbitraria de opositores y a la restricción de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y reunión.
Compromiso de EE. UU. contra la represión
Estados Unidos ha reiterado su compromiso de actuar contra quienes perpetúan actos de represión y corrupción en Venezuela. Según el Departamento del Tesoro, ya son 2.000 personas las que han sido sancionadas por “violaciones a los Derechos Humanos o implicación en actos de corrupción”.
“Seguiremos señalando a aquellos que usan la violencia y la intimidación para socavar la democracia”, afirmó Smith, subrayando que estas medidas buscan apoyar el derecho legítimo de los venezolanos a vivir en libertad y democracia.
Impacto y reacciones internacionales
Las sanciones, que incluyen la congelación de bienes y la prohibición de realizar transacciones financieras en Estados Unidos, representan una escalada en la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. A medida que el país sigue enfrentando una crisis política, económica y humanitaria, estas acciones buscan aislar aún más a los responsables de perpetuar la inestabilidad.
Mientras tanto, desde Caracas, las autoridades venezolanas han desestimado las sanciones, calificándolas como “injerencias extranjeras”, aunque no han emitido una declaración oficial sobre el impacto en los funcionarios mencionados.
Con estas medidas, Estados Unidos refuerza su postura en favor de los derechos democráticos en Venezuela, enviando un mensaje contundente a quienes respaldan la represión en el país sudamericano.
