Decisión provoca indignación mientras acusados evaden cárcel con medidas suaves
Santo Domingo.-En un giro inesperado, la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió modificar las medidas de coerción impuestas a Hugo Beras Goico, José Ángel "Jochi" Gómez Canaán y Pedro Padovani Báez, señalados por el Ministerio Público como miembros de una red criminal dedicada al desfalco y estafa al Estado, bajo el caso conocido como Camaleón.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la justicia permitió que los acusados evadieran la prisión preventiva de 18 meses, reemplazándola por garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Decisión judicial polémica y voto disidente de jueza
La resolución unánime de variar la medida para Beras y Padovani generó fuertes críticas, especialmente por el voto disidente de la jueza Isis Muñiz, quien consideró inadecuado dejar en libertad a Jochi Gómez, propietario de las empresas Aurix S.A.S. y Transcore Latam. Según Muñiz, la decisión no asegura la comparecencia futura del acusado, cuestionando el criterio de sus colegas magistrados.
El tribunal justificó su decisión alegando que los imputados presentaron “arraigo suficiente” para descartar el peligro de fuga, argumentando que se mantendrán presentes durante el proceso judicial.
Esta medida ha sido vista por muchos como una puerta abierta a la impunidad, considerando que el Ministerio Público vincula a estos exfuncionarios con una red de corrupción organizada, que incluye delitos como falsificación, contrabando y terrorismo contra infraestructura crítica mediante el uso de tecnología avanzada.
Hugo Beras celebra, mientras crece el descontento social
Al escuchar el fallo, Hugo Beras sonrió y agradeció al tribunal, afirmando que esta decisión le permitirá reencontrarse con sus hijos tras un mes en la cárcel de Najayo. No obstante, sus palabras de alivio contrastan con la indignación pública, ya que muchos ven esta decisión como una burla al sistema de justicia.
Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), está señalado como uno de los principales facilitadores en un esquema de corrupción vinculado al sistema de videovigilancia y la red semafórica en Santo Domingo.
Ministerio Público persiste: red de corrupción aún bajo investigación
A pesar del fallo favorable para los acusados, el Ministerio Público mantiene su postura firme. Afirma que los imputados forman parte de una compleja organización criminal dedicada a la estafa contra el Estado y otros delitos graves.
La red operaba con la finalidad de desviar fondos destinados a la modernización del sistema de control de tráfico en el Gran Santo Domingo.
La decisión de la Corte no solo ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema judicial, sino que también ha encendido el debate sobre el alcance de la impunidad en casos de corrupción de alto perfil en el país.
Mientras tanto, las autoridades de justicia aseguran que continuarán con las investigaciones para desenmascarar a los involucrados y llevarlos ante la ley.
