Graves implicaciones jurídicas por falsificación de documentos
Santiago (RD) – El Tercer Juzgado de Instrucción de Santiago ha enviado a juicio a los miembros de una red de corrupción judicial, quienes, bajo el amparo de sus posiciones dentro del Poder Judicial, falsificaron documentos para beneficiar a imputados de crímenes graves.
Esta estructura mafiosa, desmantelada con la "Operación Discovery" que incluía a un supervisor del Archivo Central del Poder Judicial, alteraba sentencias y contratos de fianzas, socavando la credibilidad del sistema judicial dominicano.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, al ratificar las medidas de coerción contra los acusados, subrayó la gravedad de los delitos cometidos. La manipulación de resoluciones judiciales no solo representa una violación de la ley, sino un ataque directo a la seguridad jurídica del país.
El tribunal admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo documentales, otras periciales y materiales, que reforzaron el escrito de acusación que contempla múltiples delitos contra los imputados Ariel Antonio Bencosme Reyes, Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, Jonathan Francisco Vásquez Ventura y Francisco Antonio Vásquez Pichardo (Frank).
Ariel Antonio Bencosme Reyes, era supervisor del archivo judicial, y Francisco de Jesús Comprés Rodríguez, vendedor de fianzas.
Ambos, junto a los otros cómplices, falsificaron documentos públicos para obtener la libertad de acusados de delitos graves, como miembros de la "Operación Discovery", en la que se ha investigado el uso ilícito de dinero para comprar libertades.
La fiscalía ha presentado múltiples pruebas, incluyendo periciales y documentales, que consolidan el caso contra los acusados. Estos enfrentan cargos por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y otros delitos, según lo establecido en los artículos 265, 266, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano.
Este caso ha sacudido el sistema judicial y pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar los controles internos para evitar que estructuras criminales infiltren y corrompan las instituciones del Estado.
