La institución dijo que garantiza respeto a derechos individuales
Santo Domingo, 11 de marzo de 2024.-El Ministerio Público, en un comunicado de prensa emitido este lunes, reiteró su compromiso inquebrantable con el respeto de las garantías procesales y los derechos de los investigados, asegurando la aplicación de procesos legales íntegros y ajustados a la ley. Informa que investigará una filtración de información sobre un proceso disciplinario seguido a un miembro de la institución
Filtración de Información en Proceso Disciplinario
La institución expresó su preocupación por la reciente filtración de información. Enfatizó que los detalles de este tipo de procedimientos no deben ser objeto de divulgación y anunció una investigación interna para abordar y corregir esta situación.
Presunción de Inocencia y Garantías Procesales
El comunicado destaca que en la Procuraduría y, en particular, en la Inspectoría General del Ministerio Público, se respetarán rigurosamente las garantías procesales, especialmente la presunción de inocencia.
Enfatizó que los detalles de este tipo de procedimientos no deben ser objeto de divulgación y anunció una investigación interna para abordar y corregir esta situación.
Subraya que cualquier persona sujeta a procesamiento tiene derecho a la información pertinente para ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva.
La institución también recordó la disposición del artículo 290 del Código Procesal Penal, que establece la naturaleza no pública del procedimiento preparatorio para terceros. Las actuaciones solo están disponibles para las partes involucradas y sus representantes legales.
Principio de Presunción de Inocencia
En línea con los principios jurídicos, se resaltó que la presunción de inocencia es un pilar fundamental en el proceso legal. Este principio establece que una persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad durante el curso del proceso judicial.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la integridad de los procedimientos y su disposición a abordar cualquier irregularidad que amenace el respeto de los derechos fundamentales durante el desarrollo de las investigaciones y procesos disciplinarios.
