La fiscalía busca revisión de la decisión judicial ante presuntos fallos en el proceso contra el rapero estadounidense
SANTO DOMINGO, República Dominicana – El Ministerio Público, liderado por la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la directora de Violencia de Género, Ana Villa Camacho, ha formalizado un recurso de apelación contra las medidas de coerción dictadas a Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi o 6ix9ine.
El rapero, acusado de violencia de género e intrafamiliar, enfrenta alegaciones de agresiones contra su pareja, la cantante Jorgina Guillermo Díaz, alias Yailín La Más Viral, y su madre, Wanda Díaz Núñez.
La apelación, presentada ante la secretaría de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuestiona la decisión de la jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la cual, según el órgano acusador, incluye errores normativos y omisiones significativas que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas y el proceso judicial mismo.
La fiscalía argumenta que la jueza Veloz permitió la intervención indebida de abogados y desestimó evidencias clave, como llamadas de auxilio y la posesión de un celular por parte de Tekashi en su celda, utilizado para intimidar testigos.
El Ministerio Público recalca la vulneración de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho de Wanda Díaz Núñez a ser escuchada, y la necesidad de una medida privativa de libertad para el acusado, dada su condición de extranjero y el riesgo de fuga.
Además, la institución enfatiza la importancia de proteger a las víctimas de violencia de género y la revictimización, citando la Ley No. 339-22 que permite la participación virtual de las víctimas en casos de delitos sexuales y violencia de género para su protección.
La medida de coerción original impuesta a Tekashi incluye una fianza de 30 mil pesos, restricción de salida del país, presentaciones periódicas ante el Ministerio Público, y la obligación de someterse a vigilancia y recibir charlas en el Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta.
Se estableció además una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, prohibiéndole a Tekashi cualquier forma de contacto o intimidación.
La apelación subraya la necesidad de una respuesta judicial más severa ante los actos de violencia verbal, física y psicológica reportados, reflejando la gravedad de las acusaciones y el compromiso de las autoridades con la protección de las víctimas de violencia de género. El caso, que ya ha sido catalogado bajo la Ley 24-97, se encuentra en espera de la revisión y decisión de la Corte de Apelación.
