Ministerio Público solicita prisión preventiva y complejidad en proceso contra falsificadores arrestados
Santiago.- En una operación conjunta liderada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en colaboración con la Policía Nacional y la Junta Central Electoral, se ha desarticulado una red de falsificación de documentos en Santiago, República Dominicana, conocida como la "Operación Colibrí". Esta red se especializaba en la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, licencias de conducir y más documentos públicos.
Las actividades fraudulentas de esta organización amenazaron la seguridad jurídica y socavaron la confianza institucional, además de haber vulnerado el sistema del Registro Civil del país. La Operación Colibrí se llevó a cabo con la participación de más de 20 fiscales del Ministerio Público y alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional, que realizaron 18 allanamientos en diversos lugares, incluyendo centros de internet utilizados como laboratorios para las actividades fraudulentas.
Entre las evidencias incautadas se encuentran plásticos para la impresión de cédulas y licencias, títulos de propiedad falsificados y dispositivos electrónicos utilizados para el borrado de datos originales en documentos. Además, se descubrió que la red falsificaba diplomas de bachiller, actas de bautizo, matrimonio y defunción, afectando la credibilidad de la documentación pública emitida por el Estado dominicano.
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
Los imputados, entre ellos un empleado de la Junta Central Electoral, enfrentan cargos por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley de Cédulas de Identidad y Electoral, la Ley de Protección Integral de los Datos Personales, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como cargos relacionados con el control de armas de fuego. Varios de los imputados operaban cerca de las dependencias de la JCE, ofreciendo sus servicios fraudulentos a cambio de sumas que variaban entre $5,000 y $20,000 pesos, dependiendo del tipo de documento requerido.
Esta operación representa un importante golpe a la delincuencia organizada que se dedicaba a la falsificación de documentos en la República Dominicana y busca restaurar la confianza en la seguridad jurídica del país. La prisión preventiva por 18 meses y la declaración de tramitación compleja del proceso son algunas de las medidas solicitadas por las autoridades judiciales en este caso.