En su mayoría las menores deambulaban en las calles, condición de vulnerabilidad que el arrestado aprovechaba.
Un expedientes del Ministerio Público ofrece los detalles sobre la actividad de un individuo que explotaba sexualmente a varias menores de edad, a las cuales reclutaba e inducía a intercambiar encuentros sexuales con adultos, a cambio de dinero, en Santiago.
El procesado utilizaba para los encuentros moteles y su propia vivienda ubicada en Gurabo, al norte de la ciudad de Santiago, para inducir a menores de edad a sostener relaciones sexuales con clientes a lo que, previamente, el escogía.
En el tribunal, la litigante que representó al Ministerio Público en el caso, indica que el procesado, Juan Carlos Sosa Bencosme, recibía dinero en efectivo que él mismo administraba y decidía qué porción entregar a las víctimas.
La fiscal Heidys de León, detalló a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que las menores de edad reclutadas por el imputado, en su mayoría han abandonado su hogar y viven deambulando en condiciones de vulnerabilidad que el apresado aprovechaba.
De acuerdo a los testimonios, el imputado se quedaba con todos los valores económicos producto de las citas que gestionaba con adultos para que sostuvieran encuentros sexuales con las menores, por lo que una de ellas sustrajo parte de ese dinero y huyó.
La Fiscalía, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes fue apoderada del caso tras la denuncia que interpusieran las madres de las víctimas de entre 14 y 15 años de edad.
El Departamento de Trata y Tráfico de la Fiscalía ha levantado evidencias que corroboran los testimonios de las víctimas, de que el imputado las reclutaba, y, tras convencerlas de entrar en el negocio, una vez las tenía bajo su poder, las amenazaba para que continuaran y guardaran silencio.
La Fiscalía, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Migrantes, que dirige el procurador Juan Osvaldo García, fue apoderada del caso tras la denuncia que interpusieran las madres de las víctimas de entre 14 y 15 años de edad.
El Ministerio Público trabaja en la identificación de una tercera víctima de 16 años de edad, que se cree es una posible afectada de estos delitos.
Tras las pruebas presentadas por la Fiscalía de Santiago, el tribunal impuso la prisión preventiva, como medida de coerción contra el procesado.
