Crea un grupo de trabajo para que investigue denuncias que de ser ciertas habrá consecuencias.
Santo Domingo.- La Procuradora General de la República, Miriam Germán, se pronunció en relación a las recientes denuncias de maltrato y explotación laboral presentadas por miembros del Ministerio Público. Estas denuncias han sido difundidas tanto en medios digitales como en escritos, así como a través de las redes sociales, generando gran preocupación en la institución.
Entre las declaraciones realizadas, se ha mencionado la renuncia considerable de fiscalizadores en los últimos 15 meses, alegando explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.
Germán dijo que tales afirmaciones, de ser ciertas, requieren respuestas contundentes por parte de la institución, especialmente cuando se utiliza el término "mano de obra barata". La Procuradora General ha dejado claro que la defensa de la igualdad y la no discriminación son valores fundamentales en su gestión y que no tolerará violaciones de derechos en perjuicio de los miembros del Ministerio Público.
Germán reconoce que la institución ha arrastrado las consecuencias de decisiones perjudiciales del pasado, lo cual ha generado distorsiones inaceptables, como el hecho de que personas que no son fiscales desempeñen tareas que, por ley, solo se cumplieron por fiscales.
Además, admite que, al igual que en cualquier otro lugar de trabajo, pueden existir situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las autoridades superiores.
Expresó que una de sus principales metas es mejorar progresivamente los beneficios para los miembros del Ministerio Público, con criterios institucionales estandarizados.
Explicó que para ello, se han destinado recursos a través de los mecanismos de previsión presupuestaria, lo cual ha permitido realizar ajustes salariales, así como el pago de bonos anuales y vacaciones que estaban previstos desde 2014 pero que nunca se habían cumplido. Este año, se está trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida, lo que implica una inversión de casi 700 millones de pesos anuales.
Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo dentro de la institución, la Procuradora General ha designado un Grupo de Trabajo independiente para realizar un diagnóstico institucional exhaustivo y presentar un informe detallado que permita tomar las medidas adecuadas. La Procuradora asegura que habrá consecuencias en caso de comprobarse las irregularidades.
En este momento, la prioridad de la Procuradora General en relación a la carrera del Ministerio Público es abordar estas denuncias y tomar las acciones necesarias. Asimismo, reafirma su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de la ley y se niega a sucumbir ante el chantaje y la presión que busca eludir dicho cumplimiento en los procesos que están siendo llevados a cabo por el Consejo Superior del Ministerio Público.
La Procuradora General se muestra dispuesta a conversar, escuchar distintas opiniones y considerar los reparos que se realizan a las iniciativas presentadas, siempre dentro del marco del respeto y la consideración mutua.