El partido opositor refiere la medida dictadas por la funcionaria judicial que envió a prisión a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta.
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha expresado su desacuerdo con la decisión de la jueza Kenya Romero de imponer prisión preventiva a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, señalando que esta medida responde más a la presión mediática que a una justa aplicación de la Ley.
En un documento presentado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, la organización política afirmó que, si bien se reconoce que la jueza Romero actuó correctamente al no imponer la medida de coerción más grave a otros acusados en el mismo caso, la decisión de imponer prisión preventiva a Guerrero y Peralta es incoherente, ya que no se cumplieron las condiciones para ello.
El PLD aseguró que esta situación pone de manifiesto la presión a la que están sometidos a los jueces en el país, quienes se ven obligados a satisfacer las demandas de la prensa y la opinión pública en lugar de seguir estrictamente lo que establece la normativa procesal penal. La organización política también anunció la mediatización de los casos y la incidencia de los "juicios paralelos", lo que puede llevar a la injusta condena de inocentes.
Además, el PLD llamó la atención sobre la exclusión de personas que, a su juicio, podrían ser investigadas y procesadas en este caso, pero que no han sido incluidas debido a su vinculación política o cercanía con el poder de turno. La organización política reiteró su compromiso con el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, y pidió que las medidas de coerción no se conviertan en una pena anticipada para los acusados.
Cabe destacar que Guerrero y Peralta, exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, fueron detenidos en marzo de 2023 como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción. Desde entonces, han estado en prisión preventiva a la espera de juicio. Esta decisión de la jueza Romero ha sido objeto de controversia y ha generado debate en el país sobre el papel de los medios de comunicación en la justicia y la necesidad de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.