Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San Pedro de Macorís
SANTO DOMINGO. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor realizaron allanamientos simultáneos a bienes inmuebles superiores a los 100 millones de pesos, adquiridos por miembros de una poderosa organización del narcotráfico y el crimen organizado que opera en el este del país.
La Operación, denominada “Duro Golpe” y coordinada entre el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), corresponde a una investigación por la que ya están sometidos a la justicia los imputados Franklyn Ravelo y Brayan Alcántara Pérez, integrantes de una red que traficaba con droga hacia el extranjero, en especial a Puerto Rico.
Las autoridades indagan y persiguen a otros miembros de la organización, a la que el 7 de abril pasado le ocuparon 240 kilos de cocaína en Sabana de la Mar, en un almacén camuflado como Pescadería Caprimar, que servía de centro de acopio para las sustancias narcóticas que embarcaban desde las costas de la región.
Un equipo de fiscales e investigadores participó en los allanamientos e incautaciones de 12 propiedades en Sabana de la Mar, Hato Mayor y San Pedro de Macorís, entre las que se destacan apartamentos, locales comerciales y casas, inmuebles valorados en más de 100 millones de pesos que fueron adquiridos en poco tiempo por el grupo criminal. También ocuparon una camioneta modelo 2019.
En los registros de morada, se ocuparon documentos, cuentas bancarias y contratos que permitirán al Ministerio Público continuar con la investigación financiera de esta estructura criminal.
En mayo pasado, el Ministerio Público había ocupado dos inmuebles vinculadas a este este caso, así como camiones de carga y embarcaciones.
La investigación de lavado de activos, con el narcotráfico como delito precedente, busca desarticular la citada red criminal e identificar bienes muebles e inmuebles obtenidos por la actividad ilícita, así como el cierre operativo de sus empresas de fachada.
