Fiscalía DN y PEPCA interrogaron a Juan López, destituido subdirector de Gestión Institucional del Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), por presuntas irregularidades en proceso de licitación en ese organismo.
El interrogado, acompañado de su abogado, Juan López ofreció detalles sobre las razones que motivaron la convocatoria de la indicada licitación, así como de su posterior cancelación.
La nota del interrogatorio suministrada por la Procuraduría General de la República indica que "López fue enfático en precisar que en un principio estuvo opuesto al proceso de licitación, debido a que el INAIPI no estaba incluido en el Decreto de Emergencia".
El escándalo en el INAIPI se debe a que en el actual período de cuarentena fue convocada una licitación para la adquisición de kits de alimentos. La investigación del caso esta a cargo del Ministerio Público del Distrito Nacional, encabezado por la procuradora fiscal titular Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
López fungía como presidente de la Comisión de Compras del INAIPI y durante varias horas respondió preguntas respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, que hizo esa institución del Estado.
En los próximos días seguirán los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación en el marco de la investigación de este caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el citado proceso de contratación, llevado a cabo por el INAIPI.
El escándalo estalló luego que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., denunciara a a través del programa Esta Noche Mariasela las irregularidades. En esa denuncia indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso. A raíz de lo que, el pasado viernes, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.
La PGR señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
