La empresa brasileña ha erigido un monumento a la corrupción en América Latina, poniendo a flote la vulnerabilidad del liderazgo político en muchos países, proclive a enriquecerse a toda costa desde el poder.
La empresa que ha avergonzado a los brasileños, y cuyos principales ejecutivos y dueños guardan prisión, estableció un imperio continental de sobornos, no solo a políticos, sinos a periodistas y medios para asegurarse el silencio de sus travesuras.
Ha quedado comprobado el tinglado político en la que Odebrecht soportó sus acciones desde Brasil, que como avanzada le garantizaba negociaciones puntuales. Ejecutivos de la misma empresa, interesada en salvar su existencia, fueron quienes admitieron haber dado millones de dólares en soborno en países de América Latina, incluida República Dominicana.
Lo que se desprende de todo lo evidenciado en cada caso es que por Odebrecht era una maquinaria de intervención política, orientadas a financiar campaña electorales para imponer gobiernos que luego le garantizarían ventajosas ganancias con contratos sobre evaluados de obras de infraestructura.
El ex presidente Louis Ignacio Lula Da Silva ha aparecido como el artífice de esa estructura político empresarial empeñada en mantener corrientes políticas en los gobiernos, y derivar de ella jugosas ventajas. Sobre el gobernante pesan varias acusaciones sobre este caso, todas negadas por él, que las atribuye al interés de sus adversarios de impedir su regreso al poder.
Esté o no Lula Da Silva vinculado, lo cierto es que la red de sobornos de Odebrecht operó en América Latina, con gravísimas consecuencias institucionales para esta naciones. Lo peor es que dicha empresa podría sobrevivir, o sea, seguirá operando, pese a admitir el delito de sobornar, mientras que muchos de los sobornados por ella pagan la consecuencias con destituciones y cárceles.
El extraño caso de República Dominicana, donde se procesa a una cartoce personas, ex funcionarios y legisladores, pero Odebrecht no es parte del encarte, y apenas se le ha pedido un pago como sanción, que mediante maniobras financieras en la obra Termo Eléctrica de Punta Catalina pretende recuperar, de acuerdo a juristas que conocen del caso.
