La Marcha Verde ha solicitado este lunes el inicio inmediato de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, en su respuesta al informe de la comisión encabezada por Agripino Núñez Collado, en el que concluyó en que no hubo irregularidades en la adjudicacion de la obra.
Para el movimiento, en su condición de miembro de “la comisión cosmética” designada por el presidente Danilo Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue Punta Catalina y sobre los indignantes altos niveles “de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.
En su comunicado emitido en la tarde de este lunes,la Marcha Verde recordó que el contrato de las plantas se firmó en el período en que Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornos para la obtención de obras en República Dominicana. Esta afirmación de la multinacional, resalta, según el movimiento, se valida en la solicitud de medida de coerción en la que el procurador Jean Alain Rodríguez, que asegura que Ángel Rondón Rijo pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central termoeléctrica.
“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”, señaló el movimiento en un comunicado de prensa.
El movimiento verde también considera que el Congreso Nacional tiene la obligación de revisar el dudoso contrato de arrendamiento de terrenos para construir las plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.
La Marcha Verde advirtió que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés social, de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, y así asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias construidas con recursos del pueblo dominicano.
