San Pedro de Macorís.- El Ministerio Público logró que fueran dictados 30 años de prisión en contra de un hombre al que acusó de haber incendiado una vivienda del sector Restauración, resultando su propietario con quemaduras de segundo y tercer grado, y un hijo de éste menor de edad, con dificultades respiratorias.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís en contra de Amaury Hernández y/o Onassis Hernández, quien fue hallado culpable de los delitos de incendio e intento de homicidio en perjuicio de Henry Silvestre Sosa, el cual se encontraba en el interior de dicha vivienda junto a su esposa y un hijo de dos años.
Silvestre Sosa resultó con quemaduras a nivel frontal, el tórax, y en la cara externa del antebrazo derecho, mientras que su hijo tuvo que ser ingresado en un centro de salud al presentar problemas neumológicos.
El expediente expresa que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del día 19 de agosto del 2014 y que tras incinerar la vivienda el imputado se fugó y fue arrestado días después. Establece que el día anterior Silvestre Sosa fue a reclamarle a Amaury Hernández que le devolviera un perro que éste último, según versiones, se había llevado a su casa, lo que originó entre ambos una discusión que terminó con fuertes amenazas por parte del imputado en contra de la víctima.
Según testimonios de personas que presenciaron el hecho, el inculpado se había presentado al lugar de forma sospechosa con un galón en las manos.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, dirigida por Pedro Núñez Jiménez, a través de la procuradora fiscal Carmen Mohammed, quien representó al Ministerio Público, demostró con diferentes pruebas que Amaurys Hernández fue el autor del siniestro.
Mohammed destacó el compromiso que tiene dicha fiscalía de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la vida, al tiempo que manifestó que actos como esos “no serán aceptados en esa demarcación”.
El imputado fue declarado culpable de la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 295 y 434 del Código Penal Dominicano, debiendo cumplir dicha sentencia en un centro de corrección de SPM.
El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Kenia Del Pilar, Haydeliza Ramírez y Juan Güilamo, quienes dictaron la sentencia tras declarar buenas y válidas las diferentes pruebas que presentó el Ministerio Público en contra del imputado.
