<b>Los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE),
están a punto de consumar la aniquilación del Partido Revolucionario Dominicano
como fuerza política mayoritaria, un desenlace que no se produjo ni siquiera
con la renuncia de su fundador, el profesor Juan Bosch, ni con otros conflictos
importantes que han sacudido a esa organización en sus 75 años de existencia.</b>
Para cometer esta iniquidad antidemocrática, los magistrados
no solo
han desconocido las normas
estatutarias, la autoridad de los organismos y la voluntad mayoritaria del
PRD, sino también los límites que impone la propia ley orgánica del TSE para
intervenir en los conflictos internos de los partidos políticos.
La actuación impúdicamente parcializada del TSE le otorga el
control del PRD a una minoría ilegítima, encabezada por un presidente de facto,
y coloca a una mayoría que ronda el 90 por ciento de los perredeístas en la
disyuntiva de revelarse contra una
autoridad ilegítima o a plantearse otras
opciones de acción política fuera del Partido.
Todo comenzó cuando en mayo del 2011 el presidente Leonel
Fernández y el ingeniero Miguel Vargas se pusieron de acuerdo para constituir
las altas cortes y distribuir los
puestos de esos organismos entre seguidores o allegados de ambos, en una proporción de tres a uno a
favor del mandatario, con algunas excepciones de rigor.
De entrada, ese trato para asignar los puestos de los tribunales a vinculados políticos, significó
una violación del artículo 151 de la
Constitución de la República, que establece la
independencia y la imparcialidad del Poder Judicial
En el caso del Tribunal Superior Electoral, la parcialidad
del nuevo órgano, se puso de manifiesto en el primer litigio de naturaleza
electoral conocido por sus jueces, a
propósito del fallo emitido sobre las alianzas presentadas por los Partidos de
Veteranos y Civiles y el Partido Revolucionario Independiente a favor del PRD.
En este caso el juez
presidente del TSE, Mariano Rodríguez, reputado como un profesional
independiente, intentó actuar de manera imparcial y con apego al mandato de la
ley, posición que dejó plasmada en un voto
disidente y motivado contra la sentencia que anuló el pacto entre el PNVC y el PRD, dejando
establecido que “el PNVC sí
cumplió con los requisitos de mayoría de electores en la asamblea que declaró a
Hipólito Mejía como su candidato presidencial”.
Esa conducta fue reiterada más adelante cuando
el TSE decidió anular una sanción disciplinaria impuesta
por un organismo competente del PRD contra el ingeniero Miguel Vargas y otros
directivos en una situación en que no estaban envueltas discusiones de
candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos
del partido, desconociendo con ello no solo un
mandato estatutario del PRD, sino también la propia ley orgánica del
TSE cuando expresa que “no se consideran conflictos internos las sanciones
disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier
dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de
candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos
de los partidos políticos”. (15 de marzo 2014
Desde entonces, todas
las decisiones del TSE han sido dirigidas
a desarticular y dividir al PRD,
el partido de mayor raigambre popular y tradición democrática en la vida
institucional del país. Esa responsabilidad será ineluctablemente un estigma moral y un fardo histórico que tendrán que sobrellevar los actuales miembros
del Tribunal Superior Electoral.