<b>La actitud de varios
tenientes de la Policía Nacional disgustados por no ser beneficiados con los
ascensos recientes, debe llamar la atención de las autoridades para que esas
escenas no se repitan.</b>
Se trató de una
protesta que deja mucho qué decir. La jefatura de la Policía, como, es lógico
suponer, interpretó el incidente como un acto de rebeldía, como en efecto lo
fue, pero las razones que tuvieron los oficiales para reclamar sus ascensos
tiene su justificación.
En reiteradas ocasiones,
he escuchado a guardias y policías quejarse del manejo que se hace al
escalafón.
Sé de casos de agentes
que llevan ocho años con el rango de cabo o sargento, y no logran el ascenso.
Otros en cambio obtienen la promoción con menos tiempo en las filas castrenses.
Naturalmente, estos
últimos tienen la suerte de que prestan servicios a funcionarios, empresarios, coroneles
y generales, y por tráfico de influencia logran ascensos rápidos. En cambio, otros
de larga data en las instituciones se pasan el tiempo prendiendo velas y
rezando a los Santos para que hagan algo por ellos.
Se entiende que el
Ministerio de Defensa está haciendo cumplir las nuevas reformas introducidas a
la vieja práctica de los escalafones a lo interno de los cuarteles. Es una
tarea que lleva tiempo y fino cuidado por los intereses que inciden en ese
sector, pues todavía siguen las recomendaciones de funcionarios y empresarios para
los ascensos de los miembros de su seguridad, muchas veces por encima de la
ley.
No hay dudas, de que
todavía prevalecen las injusticias en materia de ascensos, especialmente en perjuicio
de los soldados que prestan servicios en las provincias y puestos fronterizos,
que no tienen padrinos que les recomienden.
Las quejas de los
oficiales de la policía, no son los únicos. En las instituciones militares
también se dan esos casos, pero no salen a la luz pública por disciplina. Sin
embargo, entre los soldados ese es el tema diario. He escuchado muchos
comentarios de disgustos entre ellos y algunos me han confesado que están a la
espera de cumplir los 20 años con el uniforme, para pedir la baja. Ya están
cansados de esperar en vano.
Hay coroneles que
llevan más de diez años con el rango, sin funciones jerárquicas, cobrando sin
trabajar, a la espera de ser promovidos a generales. Como no tienen nada qué
hacer en sus respectivas instituciones, se dedican a administrar negocios
propios, comprar fincas, y disfrutar de las bebidas de los dioses (whiskies,
sobre todo), entre otras actividades del buen vivir.
Muchos militares y
policías prefieren no llegar a ese rango y la razón es entendible: se trata de
una posición muy difícil para alcanzar la meta del generalato, motivado a que
hay muchos con esas insignias y no tienen ninguna posibilidad de ascender.
Además, saben bien que esa es la fase más rápida de irse a su casa con un
vergonzoso retiro, a criar animales en las fincas o sencillamente instalar una
compañía de guardianes privados.
Algunos coroneles
amigos me han dicho que el rango de general es político. En efecto es así, al
menos en nuestro país. Los Presidentes se hacen rodear de generales y otros
oficiales de altos rangos, cuidadosamente seleccionados. Es una práctica
heredada de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que ha dado
excelentes resultados. Es una práctica vigente en todos los países, atendido a
los consejos de Maquiavelo.
En los cuarteles surgen
muchos planes subversivos contra la clase gobernante y es normal que los
presidentes escojan con extremo cuidado a los Jefes de Estado Mayor de cada
dependencia castrense y al Ministro de Defensa. Es decir, gente de confianza
para detectar a tiempo y frenar cualquier intento golpista.
Los altos cargos en los
puestos de mandos se adquieren por recomendación de la clase política antes de
asumir el control de las riendas del Estado, de ahí la versión de que un general
es un político uniformado y para ocupar puestos claves en la dirección del
gobierno, debe estar vinculado estrechamente a la clase política.
Si no desean ser
sorprendidos con acciones como las que escenificaron los oficiales policiales, el
gobierno y los jefes de las instituciones castrenses deben actuar con prudencia
cuando se trata de ascensos.