Sea cual sea la
calificación final que reciba el Partido de la Liberación Dominicana como
administrador de la cosa pública, hay un mérito de trascendente valor político
e institucional que nadie podrá regatearle a la organización fundada por el
profesor Juan Bosch.
Se trata del modelo
de oposición que aplicó el PLD frente a los gobiernos del Partido Reformista
Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, durante los 23 años previos a su ascenso al poder en agosto
de 1996. Al margen de los excesos y tremendismos que en ocasiones
caracterizaron la línea de oposición del PLD, especialmente contra los
gobiernos del PRD, hay que convenir que su aporte como factor de contrapeso y moderación del poder representó
una valiosa contribución a la institucionalidad
democrática del país.
Se podría decir que
si alguna ventaja comparativa tuvieron los gobiernos de Joaquín Balaguer, de
Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco, y del propio Hipólito Mejía, fue
haber contado con una oposición funcional en todas las esferas de la administración pública, una
condición que sin duda alguna contribuyó
a frenar o limitar los vicios del poder en un sistema político de pobre tradición de institucional y con un marcado
tinte populista.
Los gobiernos del
PRSC y del PRD contaron con una oposición eficiente y útil que los ayudó a
gobernar con sentido de prudencia, equidad y racionalidad en el manejo de los asuntos
del Estado, desde la orientación del gasto público, la política fiscal y el
endeudamiento, hasta el papel del Congreso, la Justicia, el Poder Contralor y los medios de
comunicación.
En el caso de
Balaguer, a pesar de haber demostrado siempre un perfil marcadamente
autoritario, que ocasionalmente rayaba en el despotismo, nunca dejó de mostrar
una actitud de respeto a la crítica
pública y al juicio de la posteridad.
En cuanto a los
gobiernos del PRD, la oposición sin
tregua que debió afrontar, generalmente
del PLD y del PRSC, lo indujo a gobernar de manera transparente y con una casi obligada necesidad de concertación con el liderazgo
político y social del país.
La dura oposición del PLD fue un factor
importante en la actuación de los
gobernantes del PRD frente a los temas
de corrupción, transparencia, rendición de cuentas, Justicia e institucionalidad.
El propio líder máximo del PRD, José Francisco Peña
Gómez, en su mandato como síndico de la
capital, fue ayudado por la firme
oposición del PLD y del PRSC no solo a manejarse con rigurosa transparencia, sino también a sortear con buenas razones las grandes presiones
de seguidores y ciudadanos que reclamaban
favores o compensaciones que no
estaban a su alcance. “no hay presupuesto o eso tiene que aprobarlo el Concejo
de Regidores”, eran las respuestas
habituales del doctor Peña Gómez, quien en el fondo apreciaba someterse a esos
saludables controles institucionales.
Hay que reconocer que por lo menos en las últimas
tres administraciones ni el PRSC ni el PRD han reciprocado al PLD con una
oposición responsable y vigilante, suficientemente efectiva para controlar los
excesos y desviaciones propias del ejercicio absoluto del poder, como lo advierte en su sentencia
el pensador inglés Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto
corrompe absolutamente”.
Claro que no se
trata de una simple negligencia de la oposición. La dirección del PLD ha sido lo suficientemente diligente para
hacer que las cosas pasen de este modo, al extremo de anular la oposición y convertir
la dirección “legal” del PRD en una especie de sello gomígrafo de los intereses
del oficialismo, a cambio de favores especiales o el reparto de las principales instituciones de la
justicia, invalidando la independencia e idoneidad que demanda ese poder
del Estado.
Por el momento y
visto desde una perspectiva puramente utilitaria, este balance parece representar una ganancia neta para el PLD,
aunque es probable que cuando se haga una evaluación objetiva desde una
perspectiva histórica y en función del interés nacional, se pueda constatar que junto con el país, el
gran perdedor sea el partido fundado por el profesor Juan Bosch, (28 de enero 2014).