El Banco de
Reservas, no es una institución financiera privada, es del Estado. El director,
así como los miembros del Consejo los designa el presidente de la República. Se
supone que no puede manejarse con criterios políticos, ni partidario, como ha
ocurrido durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.
Recordemos
el préstamo al español Arturo del Tiempo Márquez para la construcción de la
torre Atiemar que el presidente Leonel Fernández no solo dio el “primer picazo”,
sino que agilizó el empréstito. (Arturo del Tiempo está preso por narcotráfico
en España)
El préstamo
al presidente de facto del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, de
15 millones de dólares (solicitó 20 millones), después de la firma del pacto secreto
de la Corbatas Azules con el presidente Leonel Fernández el 19 de mayo del
2009, es motivo de escándalo. El préstamo tuvo un carácter político, es el pago
a un favor político de grandes dimensiones.
(Mientras
Hipólito buscaba votos para ganar las elecciones, el presidente del PRD buscaba
20 millones de dólares para su beneficio
y trabajaba para la derrota del candidato por el que debió luchar para que ganara
las elecciones)
Así como el
pacto de las corbatas azules se produjo en secreto, el préstamo de 15 millones
de dólares, también. Los documentos de la transacción económica estaban
celosamente guardados en la bóveda del Banco de Reservas, entidad que debe ser
cuestionada por la sociedad. (¿Por qué Miguel no fue a la banca privada y
prefirió la entidad del gobierno del cual se supone es opositor? ¿Por qué le
gusta tanto hacer negocios con el PLD, vendiéndole y alquilándole locales como
sucedió con el edificio donde está hoy Aduanas?
El llamado
“secreto bancario” no puede ser cómplice de violaciones fragrantes a las
disposiciones de la Junta Monetaria del Banco Central. La respuesta no es el
silencio. Al contrario, es obligatorio una exhaustiva investigación al
respecto. El pueblo tiene derecho a saber por qué se otorgó un préstamo a un “cliente” que no era cliente del banco, y que
además no reunía las condiciones. ¿Quién autorizó la operación? Vicente Bengoa,
a la sazón director del banco o Leonel
Fernández? El país tiene derecho a saber por qué el banco del Estado le otorgó un préstamo al socio político del presidente de
la República en medio de la campaña electoral, a pesar incluso, de la oposición de los técnicos que le
asignación una calificación “D” al “cliente”.
Los lectores
se preguntarán, qué es una calificación “D” en el lenguaje bancario. Veamos lo
que dice al respecto el Banco Central en la resolución de la Junta Monetaria de
fecha 29 de diciembre del año 2004.
El
“Reglamento de Evaluación de Activos” creó cinco calificaciones, a saber, A, B,
C, D y E. Todos los bancos están en la obligación de cumplir esas normas
prudenciales y la SúperIntendencia de Bancosa que la cumplan al pie de la
letra.
He aquí lo
que dictó la Junta Monetaria:
“D. Se observa una capacidad de pago
con deterioro de carácter más permanente. Eldeudor presenta debilidades
financieras identificadas que han puesto en riesgosu capacidad de enfrentar la
totalidad de sus obligaciones de pago. El flujooperativo es negativo, reporta pérdidas
significativas y se observa una creciente necesidad de recurrir a fuentes
secundarias para hacer frente a las obligaciones de pago. Complementariamente,
se puede observar que las razones de liquidezestán por debajo de los promedios
de la Industria y el apalancamiento esinadecuado según la naturaleza propia del
negocio y se encuentra por encimarespecto a los promedios del sector. En los
préstamos en moneda extranjera seobserva que la posición de cambio del deudor
es significativamentedesfavorable, por lo que la variación en el tipo de
cambio, incrementa el deterioro de su capacidad de pago.
Aunque ello no es condicionante de
lo anterior, adicionalmente la Industriapresenta un serio deterioro en sus
principales indicadores financieros. Seobserva que las condiciones
macroeconómicas han impactado negativamente alos indicadores financieros del
sector y no se prevén claras posibilidades de unarecuperación en el mediano
plazo.
Se clasificarán en este nivel de
riesgo aquellos deudores de quienes sus estadosfinancieros presentan una
antigüedad superior a 18 (dieciocho) meses despuésdel cierre.”
Esa es la
clasificación “D” establecida por la Junta Monetaria que el Banco de Reservas
no debió ignorar debido a lo riesgosa de la operación, como bien lo señalaron
los expertos del banco que establecieron:“Acorde
a proyecciones 2012-2018, para los dos primeros cierres reportaría pérdidas y
flujo de efectivo negativo. Además, el
endeudamiento resultaría alto y la liquidez insuficiente. Contaría con
capacidad de pago a partir del 2016”, concluyeron.
Con esa
calificación no era posible la entrega de 15 millones de dólares a menos que no
se produjera una orden directa desde la presidencia de la República. (¿El
precio de la traición?