La Fundación Justicia
y Transparencia (FJT) deploró la ausencia y falta de consenso de los partidos
políticos en el proceso de licitación internacional que envuelve más de dos mil
millones de pesos para la confección y manejo de la nueva cédula de identidad y electoral.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano
Potentini,
calificó de grave y peligroso que en los criterios y parámetros para la
referida licitación no aparecen como requisitos la inclusión de un chip
inteligente para dotar de mayor seguridad el documento necesario para todos los
actos de la vida pública y privada de los ciudadanos, incluyendo el derecho al
voto.
En tal sentido llama a preocupación que la propuesta ganadora no
incluyera detalles de seguridad que son ya un estándar a nivel internacional,
ni tampoco holografía en la lámina para proteger la fotografía y los datos de
los ciudadanos. Una simple lectura del Acta de Adjudicación revela la ausencia
de estos imprescindibles elementos de seguridad.
Potentini destacó la
necesidad de transparentar y consensuar todo el proceso de licitación, en razón
de que estamos hablando del control y discrecionalidad del padrón electoral y
por consiguiente un tema delicado para la sostenibilidad democrática.
La entidad cívica
demandó, además de las autoridades de la Junta Central Electoral el conocer y
ponderar las reclamaciones y cuestionamientos hechos por una de las empresas
que participaron en el proceso de licitación y posterior adjudicación del
contrato para el suministro de los plásticos y equipos, para la confección uso
y manejo de la nueva cédula.
La FJT sostuvo que ciertamente varios
licitantes protestaron ante el diseño de las propuestas de cotización, pues
favorecían exclusivamente a la empresa ganadora. Las irregularidades fueron tan
notorias que algunas empresas especializadas en la creación de documentos de
identidad en países de todo el mundo prefirieron retirarse del proceso.
El problema inicialmente detectado se refiere a las irregularidades del
proceso de licitación, el incumplimiento de normas muy específicas y claras,
pero se han añadido otros elementos sumamente preocupantes. De esa forma, “los
problemas más graves –dijo Potentini- no se limitan a las irregularidades en el
proceso de licitación, de por sí lo suficientemente importantes como para
provocar su anulación definitiva, sino provienen del hecho de que las
propuestas de cambio de la cédula no respetan normas de seguridad documental
imprescindibles para la confiabilidad de la cédula, ni se realizaron propuestas
consensuadas con los partidos políticos, entidades que necesitan conocer de
antemano las diferentes formas en las que pueden ser afectados los electores”.
De acuerdo a lo afirmado por el Presidente de la FJT, resulta que el
documento propuesto es menos seguro que los actuales, y la empresa que “ganó”
la licitación, Copy Solutions International (CSI), ni siquiera cuenta con
experiencia en este tipo de proyectos, siendo su principal ocupación
empresarial, según se ha dicho, “la distribución de scanners, fotocopiadoras y
software” de computadoras.
Además de los fraudes electorales, los traslados de votantes, las
asignaciones de votantes a mesas diferentes y otros similares elementos
representarían un problema de proporciones imprevisibles. Pero increíblemente,
en el contexto actual a consecuencia de la sentencia TC/0168/2013 del Tribunal
Constitucional, la JCE se da el lujo de descartar propuestas que ofrecían
solucionar el problema de la documentación de extranjeros.
La FJT clama por una pronta solución del problema creado por la JCE,
recordando que en ocasiones anteriores los programas implementados han
resultado en serios y costosos fracasos para el Estado.