<b>SANTO DOMINGO.- El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas consideró positiva la visita al país de una comisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y dijo esperar que su gestión contribuya a encontrar una solución al grave conflicto originado por la política de despojo de la nacionalidad que desde el 2005 practica la Junta Central Electoral por vía administrativa.</b>
Y advierte que “el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de grave incertidumbre que ya empieza a afectar la imagen del país, que a nombre de la soberanía no puede ignorar sus compromisos internacionales, ni de la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.
“Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano, indica una declaración del Comité emitida durante una rueda de prensa celebrada en el Colegio Dominicano de Periodistas.
“Esperamos que la presencia de la CIDH aliente a los diversos actores gubernamentales y políticos a la búsqueda de una solución al grave conflicto de los desnacionalizados, con la voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”,
En un documento leído por el escritor Avelino Stanley, el grupo integrado por más de 300 ciudadanos manifiesta que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son valiosos organismos del sistema interamericano, constituidos en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada debidamente por el Estado Dominicano”. Y apunta que ambas son instancias que forman parte del bloque de constitucionalidad dominicano en materia de derechos humanos, tan legítimas como el Tribunal Constitucional.
<font size="3"><b>De acuerdo con una solución dominicana</b></font>
“Este comité prefiere una solución dominicana al conflicto originado por la JCE y la sentencia del TC, partiendo del planteamiento del numeral 2 del Artículo 18 de la Constitución que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del Artículo 110 de la misma Constitución que ratifica el principio jurídico de la no retroactividad de la ley: “En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
Resalta que el presidente Danilo Medina formuló interrogantes sobre la justeza de la sentencia y reconoció que debe buscarse una solución a sus implicaciones en materia de derechos humanos.
“Y el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido gobernante, cuestionó su retroactividad y sabemos que recientemente ha planteado posibles alternativas. Ambos son los máximos líderes de la organización política que controla las cámaras legislativas y tienen suficientes poderes para tomar iniciativas eficaces para preservar los derechos humanos en peligro” expresa el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.
Agrega que de igual manera, importantes líderes políticos, congresistas, empresariales y de la sociedad civil, así como expertos constitucionalistas han expresado sus preocupaciones y su disposición a buscar una solución concertada en el marco del respeto de los derechos humanos y el orden institucional.
<font size="3"><b>Convoca a encuentro de abrazos solidarios</b></font>
Al reiterar que el Comité que nació para promover encuentros y soluciones, no para excluir, descalificar, insultar o estigmatizar, los voceros del movimiento anunciaron la convocatoria de “un gran encuentro de Abrazos Solidarios entre dominicanos y dominicanas, a efectuarse el próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”.-
“La solución dominicana al conflicto, agrega la declaración, evitará que los legítimos reclamos de justicia de los afectados llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a una muy probable condena al Estado, dada la jurisprudencia sentada en su dictamen del 2005 sobre la instancia de las niñas Yean y Bosico. Creemos que no habrá solución sin reconocer del derecho de las decenas de miles de descendientes de extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos”.