<b>El diputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, comenta en su misiva las objeciones formuladas por legisladores de Estados Unidos a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido objeto de controversia en el país y en el exterior. El texto completo de la carta del legislador dominicano es el que sigue:</b>
Soy un
legislador de la República Dominicana que por cerca de dos décadas ha prestado
atención prioritaria a la dramática situación que afecta a Haití y su
proyección hacia toda la región del Caribe. Por eso me dirijo a ustedes para
expresarles algunas reflexiones e inquietudes en relación a la carta que un
grupo de distinguidos Representantes al Congreso de los Estados Unidos, enviara
al Presidente Danilo Medina, el pasado 29 de octubre.
En esa misiva, los legisladores
estadounidenses que representan distritos con votantes de ascendencia caribeña,
formularon críticas duras, injustas e infundadas contra la sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional de la Republica Dominicana, que ordena la ejecución del
plan de regularización de extranjeros dispuesto por la Ley de Migración desde
el año 2004. Advirtieron que la misma ¨podría resultar en una crisis
humanitaria sin precedentes, amenazando la estabilidad de la región¨, y se
atrevieron a solicitar al Ejecutivo dominicano que la desconociera. Después,
influyentes medios de comunicación norteamericanos reclamaron hasta sanciones
económicas para revertir esa decisión.
Debo confesar que comparto las preocupaciones
de esos legisladores sobre el posible surgimiento de situaciones muy
peligrosas, de repercusiones imprevisibles, pero no precisamente por la
ejecución de esa sentencia del Tribunal Constitucional. Existen otros factores
que podrían detonar una crisis de envergadura, que desafortunadamente fueron
omitidos en esa comunicación, quizás por desconocimiento, y que no obstante,
resultan imprescindibles considerarlos para una apreciación cabal de lo que
acontece entre las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo, que
posee una altísima densidad demográfica de 230 habitantes por kilómetros
cuadrados.
Es importante recordar que hace más de veinte
años Haití se encuentra en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, y ha experimentado tres intervenciones internacionales fundadas en
¨motivos humanitarios¨ o en ¨defensa de la democracia y los derechos humanos¨ .
Una gran mayoría de dominicanos -y creo
expresar esa corriente –tiene grandes aprehensiones sobre la significación real
de esa acción internacional que acusa un balance desesperanzador. Legítimamente
nos preguntamos: ¿ha mejorado Haití? ¿Se ha intentado seriamente la
reconstrucción de sus bases nacionales, que estaban destruidas incluso mucho
antes del terremoto del 2010? ¿Existen razones serias para pensar que tendrá un
futuro diferente de lo que ha sido su historia marcada por la inestabilidad y
la violencia destructiva?
Créanme cuando les digo que ningún pueblo del
mundo tiene más interés que el pueblo dominicano de que Haití sea estable,
seguro y eventualmente prosper los dominicanos somos los que más ganaríamos
si nos acercáramos a esa gran meta
Lamentablemente, existen sobradas evidencias
de que la acción internacional en Haití, en gran modo bajo la influencia de los
Estados Unidos, ha tenido otras prioridades. A saber: a) Se ha concentrado en
sostener un orden publico mínimo, que apuntala precariamente autoridades con
visos de legitimidad democrática, y con poca o ninguna capacidad efectiva de
transformar las realidades extremas de Haití, b) Procura evitar a toda costa
que se generen flujos de migración por mar – como los ocurridos entre 1991 y
1993- hacia los Estados Unidos de América, los territorios de ultramar del
Reino Unido y Francia, y los demás Estados insulares del Caribe-,y c)
Condicionar en forma progresiva a Republica Dominicana a asumir el rol del
Estado pivote, para que en los hechos sea zona de amortiguamiento hacia las que
se dirigen los crecientes flujos de migración haitiana, con tendencia a
conformar asentamientos humanos estables.
Es cierto- no lo podemos negar- la debilidad y
las prácticas corruptas en nuestras instituciones, el atraso de áreas de
nuestra economía, y sobre todo la dependencia en las relaciones con el
exterior, han facilitado la implantación de ese pernicioso esquema de relación,
y que por tanto, desde grandes centros de poder mundial, llegue a apreciarse
erróneamente que existe ¨una solución dominicana a los problemas de Haití¨.
También, es verdad que existe una facción
complaciente y lábil – y Estados Unidos la conoce perfectamente – que siempre
estará, en función de sus propios objetivos y no los de la Republica
Dominicana, dispuesta a sintonizar con los intereses de los influyentes lobbies
que desde hace años trabajan para implantar ese absurdo esquema de relación.
Pero también es verdad que los efectos
adversos de esos flujos están desestabilizando la Republica Dominicana de
muchas maneras, afectando el funcionamiento de sus políticas e instituciones.
El Banco Mundial hace más de una década advirtió: “La migración descontrolada
impide que los dominicanos pobres se beneficien del crecimiento económico de su
propio país, ya que sus puestos de trabajo y sus salarios están bajo la presión
de los inmigrantes pobres”, a la vez que señalaba “la reducción de los
incentivos a modernizare e invertir en tecnología”, creada por estos anómalos flujos
migratorios.
Bastaría releer el informe del 2005 de la
Foundation for Environmental Security and Sustainability (FESS), que aborda el
impacto de la aguda degradación de los recursos de Haití y la expulsión de su
población hacia la parte oriental de la isla y sus frágiles ecosistemas, para
tener idea aproximada del potencial de desestabilización y agudos conflictos a
los que se enfrentaría toda la región.
En ese contexto de crisis, deseo advertirles a
ustedes, como representante de una nación amiga y aliada, que constituiría una
gravísima equivocación de los Estados Unidos, sí a partir de una campaña aviesa
de desinformación y burdas mentiras, se sumase a los febriles esfuerzos
realizados por algunos sectores de Haití y su diáspora, en estrechas alianzas
con grupos de presión y legisladores norteamericanos, para desconocer o
mediatizar la decisión legitima del Tribunal Constitucional dominicano.
Los que hemos dado seguimiento a esta
controversia que dura más de veinte años, tenemos muy claro algunas cosas:
deliberadamente se quiere confundir apátridia con casos de indocumentación o
documentación irregular. También, que es incierto que la Constitución del 2010
haya establecido normas o criterios distintos a los vigentes desde 1929, sobre
las formas de obtención de la nacionalidad por jus soli.
Lo que se quiere ocultar es que los
gobernantes de Haití no quieren o no pueden cumplir con su obligación esencial
de documentar a sus nacionales, y sobre todo, respetar el Acuerdo de Washington
de 1938 y su Modus Operandi, que es el único instrumento internacional vigente
entre ambos estados en relación a la materia tratada, asumiendo la postura
irresponsable de quien cree que todo se le debe y que no tiene nada que perder.
Lo que se quiere silenciar es que el Congreso
de la Republica Dominicana ordenó desde el año 2004 el plan de regularización
de extranjeros, que vendría a beneficiar a la mayoría de aquellos que hoy se
encuentran en situación de ilegalidad en el territorio nacional, pero que no ha
podido ejecutarse, en gran modo, por las resistencias que oponen ciertos
actores internos y externos, apoyados muy especialmente desde los Estados
Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado Dominicano y sus instituciones están
consientes de su responsabilidades. Hay un grupo de personas, hijos de
extranjeros en tránsito o en situación de ilegalidad, educados y formados en el
país y sin vínculos mayores con el país de sus padres, que por fallas en el
sistema de registro civil y sin falta de su parte, han sido documentados en
forma indebida como dominicanos. Existe amplio acuerdo de que los mismos,
dentro el plan de regularización migratoria, sean beneficiarios de una ley de
naturalización especial que establezca procedimientos expeditos y de bajo
costo. ¿Por qué se quiere bloquear esta opción de políticas públicas?¿Por qué
seguir entorpeciendo un plan regularización migratoria, que además ayudaría a
mejorar la seguridad nacional e internacional?
Señores legisladores, ¿es justo y moral defender
el derecho de las personas desconociendo o aplastando el derecho de las
naciones, en especial, cuando estas son vulnerables y dependientes? ¿De qué
valen los acuerdos internacionales que determinan que la definición de la
nacionalidad es competencia del dominio reservado de los Estados?
¿Es prudente, o siquiera racional, pretender
resolver la crisis del estado fallido planteada por Haití a la comunidad
internacional a expensas de su vecino insular? ¿No es una gran iniquidad,
tratar de facilitar de este modo que las naciones que más pueden y deben
auxiliar a un Haití digno de mejor destino, minimicen o evadan sus
responsabilidades? ¿Acaso el fracaso en Haití es tan grande, que consideran que
no hay nada que hacer? ¿Puede obviarse la peligrosísima influencia de los
carteles de la droga, poniendo en jaque la seguridad insular y regional, a
pesar de la presencia de fuerzas internacionales ?
¿Cómo calificar la tendencia a estigmatizar a
la nación que más ha cooperado con la comunidad internacional en el manejo de
la crisis haitiana, con campañas sistemáticas de descalificación, atribuyéndole
todo tipo de violaciones de lesa humanidad?
Si en los Estados Unidos y en otras naciones
del mundo, algunos poderosos sienten que tienen una deuda histórica con Haití,
opinión con la que muchos dominicanos estamos de acuerdo, es bueno que la
salden de otra manera. Nunca a expensas de una nación abierta y acogedora, que
ha sabida crecer integrando y amalgamando todas las migraciones, desde la
migración judía cuando el mundo le cerraba la puertas hasta la haitiana, desde
la originada en las islas del Caribe que nos circundan hasta las salidas del
Lejano y Medio Oriente, desde las europeas en tiempos de los conflictos
mundiales hasta las sudamericanas que huyen de la violencia criminal y los
conflictos políticos.
Los que promueven esa acciones contra
Republica Dominicana, insensatas y contraproducentes, contrarias a la historia
y desconocedoras de las identidades culturales, no han reparado que de esa
manera solo van a provocar situaciones conflictivas que afectaran aun más la
seguridad de una región que ya está muy convulsionada, grávida de
contradicciones, en la que el narcotráfico y el crimen organizado tiene una
ominosa incidencia, con efectos disolventes.
Al concluir esta carta, quisiera evocar un
luminoso episodio de la historia de nuestras dos naciones, que siempre ha
marcado un contraste con las dolorosas intervenciones que hemos padecido, y que
en gran medida fue el que me motivo a escribirles, con la esperanza de que
frente al despropósito descomunal que quiere perpetrarse con la nación
dominicana, surjan en su defensa, en el Congreso de los Estados Unidos, voces
de justicia, razón y prudencia.
Me refiero a la extraordinaria lucha
encabezada por el Senador Charles Summer, para frustrar en 1871 el artero
proyecto de anexión del Presidente dominicano Buenaventura Báez y sus acólitos,
qué contaba con el apoyo entusiasta del Presidente Ulises Grant. Aunque existen
notables diferencias entre esa situación histórica del pasado y la antes
descrita, la mayoría de los dominicanos amantes de la paz aspiramos a que, como
sucedió en el pasado, puedan prevenirse en el presente y en el futuro
situaciones de discordias que dañen la valiosa y amplia comunidad de intereses
que hemos ido forjado a lo largo de la historia por los dictados de la
geopolítica y la cordial y fluida amistad de nuestros pueblos.