<p class="MsoNormal"><b>La convocatoria del Consejo Nacional de
Migración para dar cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional, representa un paso de gigante en el largo y fatigoso camino que tendrá que recorrer la República
Dominicana para corregir la presencia masiva en su territorio de una gran
cantidad de extranjeros ilegales procedentes de Haití.</b>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">El presidente Danilo Medina ha dejado claro
que su apego a la institucionalidad está
por encima de cualquier otra consideración, por eso no le ha temblado el
pulso para iniciar el cumplimiento de una decisión que ha valorado en su apego
a la constitucionalidad y las leyes, sin ocultar que se ha sensibilizado frente
al drama humano de personas que reclaman nacionalidad dominicana bajo el
alegato de que han nacido y se han criado en territorio dominicano, aunque
todas las constituciones que se ha dado el país desde 1929 excluyen de ese
derecho a los hijos de extranjeros en tránsito.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">La sentencia confiere un plazo de noventa
días a partir de su notificación, para que el Consejo Nacional de Migración
elabore el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales Radicados en
el país, que deberá ser remitido al Poder Ejecutivo con las recomendaciones de
lugar, y no va a pasar otra cosas que no sea una solución institucional,
ordenada, humanitaria y justiciera para todos los que califiquen.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">La ejecución de ese plan puede dilatar
varios años y conlleva una inversión importante de recursos, mientras tanto
todo el que lo desee puede acogerse al
beneficio de una residencia temporal que les garantiza el ejercicio de todos
sus derechos.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">En la sentencia se establece que “Los
extranjeros en tránsito que modifiquen su situación migratoria y obtengan un
permiso legal de residencia en el país pasan a integrar la categoría de extranjeros inmigrantes,
según las indicadas normativas, por lo que sus hijos nacidos en el territorio
nacional si adquieren la nacionalidad dominicana por aplicación del principio
de ius soli”<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">Una vez esté concluido el levantamiento,
entre las opciones que tiene el Poder Ejecutivo a su alcance está el de
promover una ley de naturalización que acoja a la cantidad de personas que no
pueden obtener una cédula como dominicanos por haber sido registrados por
padres extranjeros ilegales, pero ese beneficio no debe incluir a las personas
que se han valido de falsificaciones para la adquisición de sus documentos de
identidad.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">Es el gran momento de todos los ilegales
interesados en corregir su status en la
República Dominicana, unos podrán alcanzar la nacionalidad, otro el permiso de
residencia, que para los fines de poder estudiar y trabajar en el país es la
misma cosa, lo que le estará vedado a los que no logren la nacionalidad será el
derecho al voto.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">La convocatoria del Consejo Nacional de
Migración ha sido la mejor respuesta que el país podía ofrecer frente a la manipulación y a la presión cargada de diatribas con la que se pretende
doblegar a una nación soberana, por primera vez se observa a un Estado dominicano
articulado para ofrecer respuestas institucionales.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES-VE">Algunos de los que tenían reservas frente a
la sentencia al examinarla mejor y empoderarse de ella han comprendido que
representa hacer lo que nunca se ha hecho: enfrentar un grave problema con las
herramientas institucionales. La opinión pública luce muy fragmentada en torno
al tema, pero no así la sociedad que sus representaciones mayoritarias ha
recibido la sentencia con fervor patriótico.<o:p></o:p></span>