<b>Santo Domingo.-El director ejecutivo del Consejo
Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), doctor Víctor Terrero, propuso
una Ley General Antidiscriminatoria para resguardar los derechos humanos de los
grupos vulnerables, entre estos las personas que viven con el VIH.</b>
El funcionario también urgió a los legisladores a modificar la
ley 135-11 sobre VIH y Sida para dejar sin efecto los artículos 78 y 79, que
penalizan con cárcel la transmisión del virus en algunos casos.
Terrero intervino en el seminario parlamentario “Protegiendo los
derechos humanos, combatiendo la discriminación y abordando el VIH / Sida en
personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género”,
realizado por la Cámara de Diputados y el grupo Acción Mundial de
Parlamentarios.
“En la República Dominicana estamos librando una ardua lucha por
detener y prevenir el estigma y la discriminación en perjuicio de las personas
con VIH y de los grupos vulnerables, pero necesitamos fortalecer el marco
legal”, puntualizó.
Terrero denunció la persistencia del estigma y la discriminación
en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos la salud, la educación y el
laboral, y dijo que esa práctica afecta la dignidad de las personas.
“Según estudios recientes, en la República Dominicana el 17.2%
de las personas con VIH y Sida perdió su empleo, un 20% se vio forzada a
cambiar su residencia debido a su condición, a un 8.4% se le negaron servicios
de
salud y un 25% ha reportado violaciones a sus derechos humanos”,
sostuvo Terrero.
El funcionario aseguró que esa realidad discriminatoria hace
imposible el disfrute de sus derechos y oportunidades para un amplio conjunto
de personas y grupos en la sociedad dominicana, con el agravante de que una
sociedad que excluye y discrimina no tiene una aceptable calidad democrática.
“La epidemia del VIH impacta a aquellas poblaciones más
vulnerables y en las que más se desconocen sus derechos humanos”, afirmó.
El director del CONAVIHSIDA favoreció el acceso a los servicios
de salud sin limitaciones a los grupos vulnerables, especialmente los gays,
lesbianas, travestis y transexuales.
“Muchas veces –adujo- el personal de salud no sabe tratar a
personas cuya sexualidad no se inscribe en las relaciones heterosexuales, y en
el caso de las personas trans, la discriminación implica que se niegue su
identidad de género, la que eligieron, atentando contra su acceso al sistema de
salud”.
Terrero citó entre los retos pendientes para hacer más efectivos
los programas de salud, detener la homofobia y transfobia.
Terrero apuntó que la discriminación aleja a las personas del
sistema de salud. “La prevención, atención y apoyo en VIH y Sida sólo pueden
encararse eficazmente si se reconoce la dignidad y la diversidad de todas las
personas”.
“Los Estados han excluido a las poblaciones en el diseño,
ejecución y evaluación de sus políticas, programas y prácticas de salud, lo que
ha hecho más complejo los escenarios de prevención y atención”.
Recordó que el ordenamiento jurídico nacional consigna y
reconoce la dignidad humana y el derecho a la igualdad en los artículos 38 y 39
de la Carta Sustantiva, en la Ley 135-11 sobre VIH y Sida.
¨Existe una relación directa entre la protección de la salud y
la protección de los derechos humanos o, inversamente, entre los peores índices
de salud y violación de derechos humanos¨, indicó.
Terrero fundamentó su propuesta de modificación de la nueva Ley
135-11 en que esos artículos son violatorios de los derechos de las
personas con VIH y Sida.
El artículo 78 de esa pieza obliga a las personas con VIH a
comunicar su condición de salud a las personas con las que vaya a sostener
relaciones sexuales, a riesgo de ser condenadas de 2 a 5 años de prisión, en
tanto el artículo 79 establece una pena de 20 años a las personas que
transmitan el VIH “de manera intencional”.
Santo
Domingo, 10 octubre 2013