La pasada semana el gobierno del presidente Danilo Medina tomó una medida que se convierte, desde mi humilde punto de vista, en otro de lo grandes aciertos de esta administración que ha estado demostrando formas modernas y eficientes de ejercer el poder. Se trata de la decisión del Ministerio de la Presidencia de conformar un comisión de Veedores Sociales que vendrán a acompañar a ese ministerio en los procesos de licitación de más de 10 mil millones de pesos, que este va a convocar para la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y otros proyectos del ejecutivo.
Las Veedurías Sociales son una de la formas de control y supervisión social que se ha estado experimentando en varios países de América Latina para que los gobiernos aumenten sus niveles de transparencia. Esta decisión muestra claramente la voluntad del gobierno de Danilo Medina de ser acompañado por la sociedad para la ejecución del presupuesto. Es un muestra de la apertura y de la transparencia del gobierno y, tal y como expresó la directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, es "una manera positiva de interactuar gobierno y sociedad".
Algunos sectores han criticado esta decisión del gobierno aduciendo que esto debilita la institucionalidad y le resta importancia a las instituciones encargadas de supervisar y monitorear la ejecución de los recursos públicos. Pero este argumento no es cierto, pues las Veeudurías Sociales se han convertido en un mecanimo de control gubernamental en países de larga tradición democrática e institucional como son Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela. En el caso específico de Colombia, un país de gran fortaleza institucional, las Veedurías Sociales están respaldadas por la Ley 850 del año 2013, la cual establece que las Veedurías son "un mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en un país, encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público…”.
Es sumamente positivo que un gobierno sea supervisado y vigilado por la sociedad. Eso contribuye a aumentar los niveles de transparencia y hace que a nivel del ejercicio gubernamental se disminuyan los casos de corrupción admnistrativa. Lo más conveniente para cualquier gobierno de América Latina es que todas las transacciones de compras, ventas o contrataciones públicas sean colocadas en una página web donde todo el píis pueda verla de manera clara y directa y que los procesos de licitación sean públicos y abiertos con la participación activa de diversos actores sociales que no sean parte del gobierno. Eso benefecia y fortalece la imagen, la credibilidad y la confianza de quienes están al frente de la gestión pública.
Tanto el presidente Danilo Medina como el Ministro de la Presidencia, Gustavo Monalvo, merecen una gran felicitación por haber asumido esa decisión histórica de conformar comisiones de Veeduría Social, pues eso se traduce en un muestra más que convincente de que están comprometidos en hacer un gobierno ético y moral, tal y como siempre prometió durante la campaña electoral quien hoy ejerce con dignidad y humildad la primera magistratura del estado. Así se hace patria.
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