<b>1 de mayo 2013.-El
presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez atribuyó
a rumores de que el organismo haya anulado las actas de nacimientos o cédulas de
22,673 hijos de extranjeras nacidos en la República Dominicana.</b>
En su
comparecencia en el pleno de la Cámara Alta, el titular del organismo comicial
empero conformó que si la JCE ha suspendido
4,338 actas del Estado Civil, de las cuales 1,088 corresponden a casos de
madres extranjeras carentes de documentación legal. Pero que los tribunales deberán
proceder a anular o validar las mismas.
El titular
del Senado, Reinaldo Pared Pérez, presentó a Rosario Márquez, quien inició una
exposición previa a las 4:15 y concluyó 45 minutos después, sometiéndose a seguida
a las preguntas de los senadores.
El bombardeo
de preguntas de senadores y las respuestas de Rosario Márquez concluyó a las 7:34
de la noche, tres horas después y Pared Pérez, resaltó y valoró el trabajo de
saneamiento de la JCE.
Rosario
Márquez dijo que compareció ante el hemiciclo del Senado acogiendo y cumpliendo
los que establecen los artículos 93 y 94 de la Constitución, que refiere la
citación, invitación y la interpelación, de funcionarios del Estado, y
atendiendo a la resolución aprobada cuyo autor fue el senador por Espaillat,
José Rafael Vargas.
“Hay muchos
rumores, una falsa sobre todo esto, pues la Junta no ha suspendido, anulado ni desnaturalizado
a esas 22,673 personas. A la fecha el tribunal no tiene constancia de que en
sus instalaciones se fuera a solicitar la expedición de actas de nacimientos y
que las mismas se hayan negado alegando asuntos de ascendencia haitiana ni de ningún
otro tipo de nacionalidad”, precisó el titular de la JCE.
Agregó que eso
rumores y falsa que conllevó a que el país fuera sentado en el banquillo de los
acusados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington, cuya
mentira fin por objetivo destruir la imagen de la República Dominicana y la JCE”.
Señaló que el
13 de marzo del año pasado, 48 ciudadanos fueron a la Washington, dirigidos por
Rafael Antuán, quien dijo ha votado en tres elecciones como dominicanos, y que
fue a Washington para buscar una condena para el país con un rumor y una mentira.
Rosario
Márquez, pidió al presidente del Senado, Pared Pérez su anuencia para mostrar
la opinión de personalidades internacionales sobre el organismo comicial, pero por
fallas técnicas y esperar cinco minutos, debió desistir de presentar las imágenes.
Dijo que el
único tribunal colegiado donde sus colegas salen a denigrar el organismo y a sus
compañeros por los medios de comunicación, lo que dijo es grave, porque esas
personas, refiriéndose a Aquino y a Eddy Olivares, de no respetar la voluntad
de la mayoría.
Rosario
Márquez subrayó que la JCE ha convertido su práctica administrativa en un medio
de exportación, porque antes había que asistirlo y hoy es objeto de referencia
para procesos electorales, y ha asistido a los proceso electorales presidenciales
de El Salvador, Guatemala, Paraguay, y Ecuador”.
“Hoy la JCE
hoy no es motivo de preocupación sino de
respeto, admiración y consultas”, precisó.
“Esta
invitación se produce en un momento en que varias organizaciones de la sociedad
civil, organismos internacionales, personas que dicen ser afectadas por
acciones de la JCE, y medios de comunicación han puesto en la agenda pública
temas vinculados a las políticas públicas registrales, y a supuesta
desnacionalización de personas que alegan ser dominicanos, o que siendo
dominicanos, dicen haber sido desposeídos de la nacionalidad”.
Dice que
esas personas e instituciones alegan que la JCE ha interpretado de manera
equivocada con respeto a la inscripción en los registros a las personas de
origen de nacionalidad haitianas.
“Al día de
hoy no hemos tomado ni una decisión que no esté amparada en la ley, que no se
corresponda en los principios”, sostuvo el presidente de la JCE.
4,338 actas suspendidas
Rosario manifestó
que mediante la resolución 12 del 10 de diciembre del 2007, se suspendieron 4,338
actas, de las cuales 1,088 corresponden a hijos de madres de extranjeras no
residentes, pero que esos documentos se enviaron primero al Jugado de Primera Instancia
para que determine si se anulan o validan.
Explicó que la
JCE ha cancelado 41,015 cédulas, otras 41,605 canceló a dominicanos, y 410
canceladas por intentar ser dominicano, aduciendo que mientras esté en la JCE no
promoverá la ilegalidad, y que se dará un trato igualitario a cualquier
extranjero.
Significó
que el proponente de esa resolución fue el coordinador de las Oficialías Civiles,
José Ángel Aquino, que recomendó la suspensión y que el pleno aprobó a unanimidad.
Rosario indicó
que Aquino en una comunicación expresó que los expedientes no existen y que lo hizo
fue un inventario de esos casos, pero que no tiene ni un expediente, “eso no
son casos, es un invento del magistrado Aquino y todos los que han puesto a circular
el rumor”.
Rosario
recalcó que “Yo no sé si esa lista es de 22 mil, tres mil o 40 personas, pero la
JCE no ha suspendido, anulado ni ha negado actas a 22 mil ciudadanos bajo el
concepto de ascendencia haitiana. Eso no es verdad”.
Pidió a esas
personas que dicen se les ha anulado sus documentos a llevar constancia a la
JCE que él iniciará un proceso de investigación.
“Necesitamos
hacer uso de las leyes que nos hemos dado. No puede haber una salida que no sea
dentro del marco de la Constitución y las leyes”, precisó.
Indicó que
los que extranjeros incoaron un proceso ante el Tribunal Constitucional sobre
su estatus, y que el fallo emita será una decisión que acatará la JCE como una
disposición de Dios.
El senador Vargas,
autor de la resolución que invitó al hemiciclo a Rosario Márquez, también
planeó al pleno que se invite al director de Migración, José Ricardo Taveras, porque
actualmente hay más de 22 mil ciudadanos apátridas.
Reveló que la
señora Carmen Féliz Corniell, fallecida el 12 de febrero de 1995, su cédula fue
suplantada por una persona de origen haitiana, y se han inscrito 18 con el
mismo nombre.
Irregularidad
Se ha
detectado que Oficiales Civil han cometido irregularidades con personas
extranjeras, inscribiéndolos en los registros, además jóvenes peloteros que querían
firmar y estaban pasados de edad, y otras que falsifican documentos.
Señaló que
oficiales civiles y empleados han sido sometidos a la justicia y son procesados
por cometer irregularidad en la inscripción de extranjeros y dominicanos, por adulterar
y falsificar documentos para favorecer a tercero.
Subrayó que
no habrá solución en la expedición de documentos hasta que no se solucionen las
500 mil personas que no tienen cédulas ni registro civil.
No privatizará Cédula
El
presidente de la JCE anotó que mientras esté al frente del tribunal comicial no
permitirá que se privatice la emisión de cédula, como les han planteado.
Miembros y funcionarios JCE
Acompañaron
al presidente de la JCE los miembros del
organismo electoral César Feliz Feliz, Rosario Graciano, así como los funcionarios
Hilario Piñeira, Dolores Fernández, Américo Rodríguez, Luis Mariano Matos, Juan
Bautista Tavárez, Alexis D. Garabito y Félix Reina.
Además, Rosa
Lidia Lara, Diómedes Ogando, Nicolás Reyes, Daniel Joseph, Franklin Frías,
Brigida Sabino, Jorge M. Valdez, Ramón Urbáez Mancebo y Herminio Guzmán Caputo, Carolina Peña, Jesús
Mena, General Napoleón Terrero, Luis Santana, Pavel Rivas, Mario Núñez, Rafael
Terrero, Juan Eligio Almonte, Miguel Peralta y Well Sepúlveda.
Propuestas JCE
En su
intervención, Rosario Márquez propuso al pleno senatorial “valorar la
posibilidad de adoptar una acción legislativa que respalde la iniciativa del
presidente Danilo Medina, de que el Poder Ejecutivo facilite u otorgue todas
las facilidades al gobierno de Haití, para que esa nación documente a sus ciudadanos,
como parte de la política de documentación que se desarrolle en esa nación con
los auspicios de la OEA”.
Además
planteó que “en sus atribuciones, como órgano de control, verifique la
ejecución de las disposiciones contenidas en la ley 285, de Migración, y su
reglamento de aplicación, para implementar a la mayor brevedad el Plan Nacional
de Regulación, para que todas las personas que habitan en esta parte de la isla,
sin documentos, si aplican puedan regularizar su estatus, y adquieran la
vocación de residencia, visa de trabajo y naturalización”.
“Esta
solicitud descomprimiría y disminuiría los intentos permanentes de la población
indocumentada, de acceder por cualquier vía, a los documentos que otorga la
JCE, no obstante las previsiones constitucionales, leyes adjetivas y
jurisprudencia que impiden la entrega de los mismo”.
Pidió además
que “en un marco del Consejo Nacional de Migración, que establece la ley 285,
se verifique la posibilidad de estudiar los expedientes o situaciones que
pudieran afectar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos en la
ley 6125-1962; la ley 659-1944; el artículo 64 del Código para la protección de
los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ley 136-06, y estudiar las
previsiones de la Ley de Migración 285; una vez se determine cuales personas
pueden ajustarse a las características de casos especiales, que permitan
soluciones en el marco de las leyes dominicanas.
Propuso que
se promueva el establecimiento de un registro extranjeros con la asignación de un número
único de identificación, no de identidad.
Que permitiría a todos los ciudadanos
extranjeros que ingresen o se encuentren en el suelo dominicano, a través de la
captura de sus datos biométricos, sin que esta asignación implique una
definición de su estatus migratorio en el país, que funcionaría como una
identificación permanente de la persona a quien se le asigne el número, sin
importar cuantas veces ingrese al territorio, lo que abonaría a la seguridad
ciudadana y al control migratorio.
También
solicitó al Senado aprobar el proyecto de Código Civil, que cursa en el Congreso
Nacional, y planteó que se apruebe la
Ley Orgánica del Régimen Electoral, que contiene diversas disposiciones que reglamentan la documentación que registra
los derechos de nacionalidad y ciudadanía de las personas que habitan en el
país, básicamente la cédula y el registro electoral, en varios aspectos que
impactan las políticas registrales y de identidad.