SANTIAGO.- Podría degenerar en acciones que involucren
las diplomacias dominicana y de Haití, la aparente falta de acción de las
autoridades judiciales y policiales, a los fines de esclarecer el asesinato del
joven haitiano Jefry Felizor, ocurrida hace poco más de un mes en un barrio de
esta ciudad.
Así lo dieron a conocer los padres del obrero muerto a
tiros a finales de octubre pasado en el barrio San José La Mina, cuando regresaba a su
casa y fue detenido por civiles que se dice son agentes de la Policía y luego le
quitaron la vida.
Roselende Gaibair, madre de Jefry, aseguró la mañana
de este martes que las autoridades alegadamente poco han hecho para esclarecer
el hecho de sangre, mientras que su esposo dijo que si en un plazo prudente no
se dan indicios de identificar a los asesinos, formará un movimiento en Haití
cuyo primer objetivo sería provocar el cierre de las fronteras entre ambos
países.
Aseguró que para ello cuenta con entidades que
funcionan en la vecina nación y que le han manifestado su interés de que el
crimen de su hijo sea esclarecido y que los culpables sean llevados a los
tribunales.
Los progenitores de Jefry explicaron que con
frecuencia van a la fiscalía de aquí interesados en conocer el destino que ha
corrido la investigación que realiza la fiscal Luisa Liranzo, pero que
supuestamente las pesquisas están semiparalizadas.
“Tenemos la sensación de que las autoridades pretenden
que la muerte de nuestro hijo quede impune porque la cometieron agentes
policiales, pero nosotros haremos lo que sea necesario para que se castiguen
los culpables”, sostuvieron.
En la pretensión de los padres del joven de 20 años,
asesinado el 31 de octubre en horas de la tarde, se han sumado el Centro de
Formación Social y Agraria (Cefasa) entidad que lucha en el país por el respeto
a la integridad física y moral de los haitianos residentes aquí y la Junta de Vecinos del barrio
donde ocurrió la desgracia.
Para ambas entidades, es extraño el paro de las investigaciones después
del gran interés inicial “sobre todo porque este enfriamiento del caso ocurrió
a partir del mismo día en que fueron citados los mencionados policías”.
Dijeron que, igual que por el caso que vio la República Dominicana
condenada por la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se está
reiterando la tendencia de las autoridades a dejar impunes los asesinatos por
parte de militares y policías, sobre todo cuando las víctimas son personas
pobres, sin contactos influyentes o emigrantes”.
La fiscal de aquí, Luisa Liranzo, acompañada de una
comisión de altos oficiales de la
Policía se presentó ayer en la mañana al barrio San José La Mina, donde iniciaron las
investigaciones relacionadas con el asesinato del joven haitiano Yefry Felizor,
ultimado de varios disparos, de cuyo crimen se acusa a agentes de esa
institución.
La magistrada Liranzo y los policías se percataron del
reclamo de justicia de la comunidad, convencida de que Felizor era un ejemplo
para el barrio y que sólo estaba dedicado a los estudios y su trabajo como pintor.
San José La
Mina es un sector de clase baja, localizado en la parte Sur
de la ciudad donde se acrecienta el número de haitianos establecidos allí.
La magistrada Liranzo fue al lugar del hecho,
una modesta casa en la calle 20, que compartía con su madre, Roselende
Gaibar, quien secundada por centeneras de sus compatriotas le reclamó que haga
justicia para que los culpables paguen en la cárcel por el crimen.
En el lugar, la representante del Ministerio Público
de este distrito judicial hizo el levantamiento de ciertas informaciones que,
de acuerdo a lo que dio a conocer, podrían ser partes importantes del
proceso de investigación que inició, prometiendo en días posteriores dar los
resultados.
La comitiva tuvo la oportunidad de percatarse de la
indignación colectiva que prevalece en el barrio por ese crimen, lo que
evidencia que Felizor, que nació allí hace 21 años, ciertamente no
merecía una muerte de esa naturaleza, justo cuando el miércoles regresaba a su
casa luego de una agotadora jornada de estudio y trabajo.
Testigos aseguraron que los civiles, dirigidos
supuestamente por un capitán policial de apellido González, se
desmontaron de dos yipetas y lo detuvieron cerca de su casa por varios minutos.
Dijeron, además, que luego le ordenaron que corriera a
lo que se negó, después de disparar tres tiros al aire volvieron a
ordenarle que corriera, bajo la amenaza de recibir los disparos.