<p style="font-weight: bold;">11 de julio 2012.-Más de un centenar de de organizaciones sociales
advirtieron al Congreso Nacional en República Dominicana que los feminicidios
se han convertido en una tragedia nacional y lo instaron a disponer de más
recurso presupuestarios para que seas combatidospor los entes estatales responsables de esa
tarea.
“Las entidades abajo firmantes, representantes de
cientos de organizaciones, redes y coaliciones a nivel nacional y de la
diáspora dominicana en los Estados Unidos, conmovidas e indignadas por la
tragedia de los feminicidios, que ya suman 108, hemos declarado el día de
hoy miércoles 11 de julio, de luto nacional y hacemos entrega de este
documento apelando a que se declare el país en emergencia nacional frente a los
feminicidios” establece el documento.
Le exponen que la escalada de los últimos años en el
número y la ferocidad de estos asesinatos dejan pocas dudas de que el país se
enfrenta a una verdadera emergencia nacional, cuya solución no se puede seguir
postergando.
“El feminicidio es ahora la principal causa de muerte
de mujeres en edad reproductiva, lo que remite a una grave crisis social, de
salud pública y de seguridad humana”, sostienen las organizaciones.
Les observan que si bien es cierto que las
autoridades, como el país en pleno, reconocen la gravedad de la situación,
todavía no se ha pasado del plano de las lamentaciones al de la acción
efectiva, “aún cuando somos compromisarios de convenios internacionales que
comprometen al país a erradicar toda forma de violencia contra la mujer”
“Esto último demanda presupuestos adecuados, una
legislación mejorada y esfuerzos inter-institucionales que evidencien una clara
vocación de enfrentar la situación con hechos y no solo con palabras.
Lamentablemente, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no han mostrado
hasta ahora la voluntad política requerida para poner fin a esta tragedia”
sostienen en el documento.
Describen en el documento que la realidad es que
durante los 15 años de vigencia de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar
(Ley 24-97) hemos visto un incremento constante de los índices de violencia contra
las mujeres y las niñas, sin que ningún gobierno haya dedicado la atención y
los recursos necesarios para enfrentar la crisis.
“La lucha contra el feminicidio y la violencia de
género en sentido general ni siquiera tiene presupuesto propio, debiendo mendigar
recursos internacionales para ofrecer respuestas que han resultado a todas
luces insuficientes” critican las entidades..
Y censuran que el país apenas cuente con un par
de refugios para mujeres maltratadas y sus hijos e hijas; que persista la
igualmente escandalosa carencia de centros de atención para víctimas, todavía
inexistentes en la mayoría de las provincias.
Igualmente critican que el Ministerio de Salud siga
sin involucrarse en la respuesta de atención contra la violencia de género,
rehusándose a poner en práctica las Normas de Atención en Violencia en Salud;
que no existan programas para atender a los más de 800 niñas y niños que cada
año quedan en la orfandad a consecuencia de los feminicidios.
Otro ejemplo que citan es que no se hayan puesto en
marcha programas de prevención ni campañas amplias de sensibilización a nivel
nacional; que se sigan implementando normas jurídicas desfasadas y
contraproducentes, como la conciliación de las víctimas con los agresores o la
práctica absurda de pedir a las víctimas que entreguen las citaciones
judiciales a sus agresores, entre otras.
“La lucha contra la violencia de género, en tanto
producto de la cultura machista y patriarcal, requiere además medidas de más
largo plazo para enfrentar de una vez por todas las desigualdades de poder
entre hombres y mujeres, incluyendo medidas para reducir la pobreza y la
dependencia económica que obliga a tantas mujeres a permanecer con sus
victimarios, así como la inclusión de nuevos componentes en el currículo
escolar dirigidos a fomentar los valores de la igualdad, el respeto y la no
violencia en la nuevas generaciones.
La creciente conciencia ciudadana y el trabajo
perseverante de las organizaciones de mujeres son imprescindibles pero no son
suficientes. Tampoco se puede seguir delegando la atención del problema en la
Procuraduría para Asuntos de la Mujer o en el Ministerio de la Mujer, entidades
por demás menesterosas que no cuentan ni con una fracción de los recursos
necesarios para hacer frente a la situación. En efecto, el Ministerio de la
Mujer tiene el segundo presupuesto más bajo de la administración pública y la
Procuraduría de la Mujer ni siquiera tiene presupuesto propio.
El momento actual demanda la clara voluntad política y
el compromiso de todos los poderes del Estado, de todos los ministerios y
entidades gubernamentales actuando de manera concertada, con visión clara y
planes de largo plazo. De manera particular reclama la acción decidida del
Congreso Nacional, que tiene en sus manos la responsabilidad de asignar los
presupuestos, aprobar las reformas legislativas necesarias y fiscalizar el
adecuado cumplimiento de sus disposiciones. Urge pues, que este Congreso
actualice la legislación contra la violencia de género a la mayor brevedad y
que incluya una partida específica para el combate a la misma en el presupuesto
del próximo año, que debiera ser declarado Año de Lucha Contra la Violencia
Machista.
El feminicidio y la violencia de género constituyen
una grave crisis cuya solución ha sido inexcusablemente postergada por aquellos
llamados a enfrentarla. Todos los sectores de la sociedad dominicana, a través
de sus organizaciones ciudadanas, reclaman hoy que se declare el fenómeno de
los feminicidios como una emergencia nacional y que las autoridades
responsables tomen todas las medidas necesarias para ponerle fin a esta
tragedia.