En el Pacto de Civilidad no se
habla de regular el contenido de la publicidad, ni de garantizar igualdad de
condiciones en la competencia, ni el uso de recursos del Estados y cabildo, es
más bien un documento vacío, más simbólico que efectivo, firmado para que no se dijeran que nada se
hizo y no hacer quedar mal a los prelados católicos que los auspiciaron.
Con el
pacto, es probable que Hipólito Mejía haya ganado un peldaño, pues obliga a la
JCE a consultar a los candidatos sobre el proceso. Con ello podría bloquear las eventuales
manipulaciones desde el mismo organismo comicial en torno a las diferencias
internas en el Part5ido Revolucionario Dominicano (PRD), que cuando debe opinar el candidato presidencial, optan por el presidente del partido.<br>
Ni
siquiera la garantía de reconocer los resultados es novedosa. Desde la crisis
del 1994 ningún partido que ha perdido
unas elecciones en el país ha osado desconocer los resultados.
Incluso,
los dos candidatos favoritos son ejemplos de esa reverencia a la ley y la
voluntad popular. Danilo Medina perdió de Hipólito Mejía en el 2000 y reconoció
el triunfo del candidato perredeísta con quien de nuevo se enfrenta. Mejía,
perdió de Leonel Fernández y reconoció la victoria antes de que el la Junta Central
Electoral (JCE) comenzara el conteo de los votos. Ya en el 1996, José Francisco
Peña Gómez había reconocido la victoria de Leonel
Fernandez.
En los tres
casos los resultados fueron distantes entre un candidato y otro; lo que no se
sabe que tanta es la fragilidad del sistema electoral dominicano si los
resultados fueran cerrados entre un candidato y otro, más cuando el máximo
organismo es controlado por un partido.
Por eso,
el acuerdo firmado este viernes ofrece se limita a trazar pautas a los
candidatos presidenciales, no así a sus equipos de campaña y a la publicidad
que es por la cual se promueven las agresiones verbales y el odio.
El primer
punto habla de “No obstaculizar las actividades que realicen las distintas
entidades políticas”, lo que se ha venido cumpliendo, los partido coordinan sus
actividades para no coincidiren los
espacios.
“No
destruir la publicidad de sus adversario de sus adversarios”, ya ha habido
quejas ha habido de esta práctica; e impedir, por todos los medios a su
alcance, cualquier acto de violencia en los actos proselitistas y respetar los símbolos
y colores de los partidos”. Si este último significa que el color de un partido
no parezca una manifestación pública de otro es difícil que el mismo sea
cumplido.
El segundo
punto pauta que los aspirantes
presidenciales se comprometen a mantener un discurso caracterizado por
propuestas, que no fomenten el odio, las rencillas, y las reacciones violentas
de su militancia, sobre todo, a través de los medios de comunicación social.
Solo se habla de los candidatos, pero se deja libre la publicidad que es el
instrumento usado para la campaña negativa, sucia y de odio, como de hecho
viene ocurriendo a través de anuncios de televisión.
El tercer
punto es una redundancia, pues esta previsto en la Ley Electoral. Habla de que los los candidatos y las
instituciones políticas que los sustentan convienen no proclamarse vencedores e
instruir a sus simpatizantes a que no que produzcan celebraciones antes de que
se hagan públicos los resultados por parte de la Junta Central Electoral
(JCE). También se comprometen a aceptar los resultados por el
organismo.
El cuatro
punto se entiende poco, y es hasta cierto punto un enredo. “Se conviene
presentar todas sus quejas, sugerencia y recomendaciones por ante las
instancias que correspondan independientemente de que hagan uso del derecho de
la libre expresión e información; en el interés de obtener la respuestas que
legalmente correspondan en tiempo oportuno”.
De ahí en
adelante es poco lo útil que para el actual proceso tiene lo acordado.
En el
quinto punto el compromiso es de impulsar la para su aprobación en el curso del
presenta año el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas sometido
por la Junta central Electoral (JCE) así como el proyecto de ley orgánica del
régimen electoral, presentado por el mismo organismo y elaborado con la
colaboración de la Organización de estados Americanos (OEA), los cuales se
encuentran en el Congreso Nacional, procurando siempre el mayor consenso d
los actores políticos y sociales.
En el
sexto punto se responsabiliza a la JCE por las vías institucionales
correspondientes mantendrá informados a los partidos y candidatos sobre le
discurrir de los hechos relacionados a este pacto, y si se presentaran
situaciones que ameriten evaluación o revisión del mismo, se invitara a
consulta a los candidatos inscritos y se adoptaran la medidas legales
correspondientes, previa ponderación de la propuesta formulada.
Como
séptimo y último punto, los signatarios aceptan de mutuo a cuerdo como testigo
de este pacto por una campaña basada en propuestas al cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, presidente de la Conferencia del Episcopado dominicano; A
monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontifica Universidad católica
madre yMaestra (PUCMM); así como al señor Fidel Lorenzo Meran, presidente
de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue), y la Junta central
Electoral representada por su presidente Roberto Rosario Marques.