SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Cury
propuso despenalizar los delitos de prensa y que, en cambio, sean castigados
con indemnizaciones económicas.
Dijo que aunque el derecho al honor,
la intimidad y la dignidad de las personas tienen jerarquía constitucional, las
penas privativas de libertad comprimen considerablemente la libertad de
expresarse, que según dijo es un derecho fundamental reconocido por la Constitución.
Señaló que la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han manifestado
en contra de la penalización de los delitos de prensa. “Se ha considerado que
la aplicación de sanciones civiles proporcionales al perjuicio moral sufrido
con motivo de excesos al referirse a los demás, es suficiente para resarcir la
vulneración del derecho a la honra”, manifestó el jurista, quien es miembro del
Consejo de Asesores del candidato presidencial del PRD, Ing. Hipólito Mejía.
Cury sostuvo que la tendencia actual
favorece la despenalización de esos delitos, y citó a México, Argentina y El
Salvador entre los países en que la difamación y la injuria no son castigadas
con penas de prisión correccional.
“La Corte Interamericana
de Derechos Humanos se ha pronunciado también a favor de la despenalización de
los delitos de prensa, ya que considera que de ese modo se fortalece el derecho
a expresarse libremente, sin restricciones ni cortapisas, y más importante aún,
que esa libertad estimula la formulación de denuncias contra los poderes
públicos, lo que a su vez contribuye a transparentar la administración
estatal”, explicó.
El asesor jurídico del ex presidente
Mejía dijo que la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha valorado como un
“notorio avance a la libertad de prensa y a la democracia” la derogación de los
textos legales que consagran penas de cárcel para la difamación e injuria.
“En verdad, la libre circulación de
la información solo se garantiza si se abrogan las limitaciones a la libertad
de expresión, esto es, si en lugar de penalizarse, los daños morales sufridos
por lesionarse la honra, reputación e imagen, se reparan con indemnizaciones
económicas”, puntualizó el destacado abogado.
Manifestó que los políticos,
funcionarios públicos y personas de alta exposición social deben ser “un tanto
más tolerantes” con las imputaciones inexactas que se hagan de ellas. “Y más
todavía, diría que debemos serlo hasta con críticas subidas de tono, muy
propias de las desavenencias políticas, siempre y cuando esas críticas no
traspasen la frontera de los agravios a la dignidad propia”, expresó el
destacado jurista.