La actitud de la
clase política dominicana frente a la Junta Central Electoral (JCE) es la misma
que ha mantenido durante 49 años, es decir, desde las primeras elecciones con
carácter libre y democrático que tuvo el pueblo dominicano en el 1962.
El regateo post-electoral,
caracterizado por las impugnaciones y las acusaciones de fraudes cuando se
tienen causas perdidas, ha sido la principal carta de los derrotados en esas
consultas, sean generales o de medio término. Son tácticas que preocupan a una
ciudadanía que aspira ver un desenlace civilizado de las concurrencias a las
urnas., pero que a través de los años no ve ningún progreso. Citemos algunos casos:
En 1990, con una
abstención del 40%, Joaquín Balaguer logra reelegirse con el 36.1% de los
votos, contra el 34.9% de Juan Bosch del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), y un 23% para el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que mantenía
una crisis interna. Este proceso se caracterizó por la expresión de amplios
sectores de la vida política y social, que cuestionaban la legitimidad de
dichas elecciones, a lo que Balaguer respondió lanzando los militares a la
calle y decretando un toque de queda.
El candidato del
PLD, Juan Bosch, denunció que se había cometido un fraude electoral (los
reformistas eran profesionales en esas acciones). Y si lo denunciaba era porque
tenía evidencias más que suficientes para echar el pleito en las jurisdicciones
electorales.
El nuevo gobierno
de Balaguer fue golpeado por encendidos cuestionamientos de amplios sectores
sociales y políticos que reclamaban la legitimidad de las elecciones. El deterioro
de la situación económica y descontento generalizado de la población fue
patético mientras el país sufría a consecuencia de una devaluación en un 50 por
ciento. Escenas parecidas se dieron en los comicios del 1966-1970, 1970-1974, 1974-1978,
1986, o sea, en el gobierno de los doce años y un chín más. Igual festival de
inconformidades se presentó en los gobiernos que reemplazaron a los
reformistas.
En el 2008, las
elecciones se efectuaron con un 70% del total de inscritos (unos 5.8 millones
de dominicanos acudieron a las urnas) y hubo una abstención de un 30%. El
doctor Leonel Fernández ganó el proceso electoral en la primera vuelta con un
amplio margen de un 53% de los votos, mientras que Miguel Vargas Maldonado,
candidato presidencial del PRD, tenía el 40% y Amable Aristy Castro, del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el 4.96%. De inmediato, sectores
inconformes alegaron fraude y los perredeistas compararon el proceso con las
irregularidades atribuidas a Balaguer en el 1994.
Cuarenta y nueve
años después, aún existe el mismo comportamiento de armar líos sobre la base de
hacer las mismas denuncias sin fundamentos y de torpedear los trabajos de la
JCE, pretendiendo crear situaciones de inestabilidad política y electoral. Todavía
no se ha declarado abierta la campaña electoral y ya hay ruídos que buscan
establecer una crisis en el país. No somos capaces de respetar las decisiones
de un organismo electoral sin que surjan pataleos, impugnaciones o
declaraciones de cuestionamientos a los jueces de esa institución. Es una
evidencia de inmadurez que debiera darnos vergüenza, pues en otros países las
elecciones se cotizan con más niveles de sus actores.