SANTIAGO.- El equipo de abogados que representa a los cinco inculpados en la muerte de la estudiante Vanessa Ramírez Faña, insistió en que contra sus clientes no hay pruebas que los involucren en el hecho, al tiempo que acusó a la fiscalía de presionar a los jueces que conocen el expediente. Guillermo García Cabrera, hablando a nombre de sus colegas, dijo que la actuación del ministerio público los ha sorprendido “porque la parte acusadora está presionando a los magistrados a través de los medios de comunicación”.
A principios de esta semana, el fiscal Raúl Martínez informó que su departamento presentó formal acusación contra Angelo Iván Ventura (Cloret), Amaury Germán Tavárez y Ricardo Alejandro Reyes, como responsables directos del hecho de sangre, en tanto que José Armando de la Rosa y Francis de Jesús García son sindicados como cómplices.
Ramírez Faña, de 20 años, fue asesinada de un balazo el nueve de junio pasado, cuando se resistió a ser atracada frente a su casa, donde regresaba esa noche de la universidad donde estudiaba medicina.
La barra de la defensa que integran, además de García Cabrera, José de los Santos Hiciano y Bernardo Jiménez, dijo mostrarse sorprendida por las conclusiones a que arribó la fiscalía “porque las pruebas presentadas ante el tribunal procesalmente hablando son inexistentes”.
Los defensores técnicos de los inculpados aseguraron que a ellos no se les ha notificado “absolutamente nada”, ni se les ha permitido acceder a las supuestas pruebas lo que, de acuerdo al criterio de ellos, “transgrede flagrantemente el derecho de defensa y de igualdad entre las partes”.
García Cabrera, quien fungió de vocero de los abogados defensores, dijo entender que la autoridad judicial competente debe valorar en su justa dimensión los principios que enarboló más arriba, en el entendido de que la presunción de inocencia jamás puede ser irrespetado.
“Hasta el momento no hemos recibido siquiera una respuesta sobre el traslado ilegal e inconstitucional del imputado Angelo Iván Ventura hacia la cárcel pública de La Vega, quien fue llevado allí sin ser autorizado por una autoridad judicial competente, sino que fue traslado de manera arbitraria por parte del ministerio público y la Dirección General de Prisiones”, acotó.
Recordó García Cabrera que el proceso en que se encuentra dicho expediente no es inquisitivo, sino “acusatorio adversal”, donde las pruebas deben ser presentadas a las partes que ejercen una función fundamental, como es el caso de los defensores técnicos de los imputados.
“Hemos resultado totalmente sorprendidos de que, a través de los medios de comunicación, sea que nos enteremos de lo que está haciendo el ministerio público con relación al expediente relacionado con la muerte de la señorita Vanessa Ramírez Faña”, puntualizó.
García Cabrera dijo ignorar las razones que tuvo el ministerio público para acusar a tres de los inculpados de ser los responsables directos del crimen y a los dos restantes como cómplices “porque todavía no se ha aperturado la fase preliminar del proceso, ya que no hemos sido convocados siquiera a una audiencia previa”.
“Por tal motivo es que consideramos que el ministerio público no puede estar diciendo en los medios de comunicación que ya presentó acto conclusivo, sino que primero debió convocar a la defensa pública o notificar ese acto de conclusión”, puntualizó García Cabrera.