SANTO DOMINGO.-El secretario de Finanzas informó este martes que producto de un estudio actuarial realizado por sus instrucciones en el departamento de Pensiones y Jubilaciones de esa cartera, se detectaron indicios de irregularidades que están bajo investigación. Según reportó Diario Libre debido a las irregularidades han sido suspendidos el director del Departamento de Pensiones y Jubilaciones de la Secretaría de Finanzas, la subdirectora, el encargado de Informática y otros quince empleados. La mafia sustraía cheques de pensionados y jubilados y que cobraba los beneficios de personas fallecidas. El monto de la estafa supera los RD$50 millones.
Además de cobrar pensiones y jubilaciones de personas fallecidas, la mafia se beneficiaba de pensiones y jubilaciones no reclamadas y de otras que se "perdían" en los trámites burocráticos.
El licenciado Vicente Bengoa no dio cifra ni nombres de personas cancelada, pero dijo que tales indicios, “que parece venían arrastrándose de administraciones anteriores”, impulsaron que se realizara una auditoría operativa del pago electrónico a pensionados y jubilados.
“Ante el descubrimiento de estas irregularidades, hemos tomado medidas e invitamos al jefe de la Policía Nacional para que el departamento o la unidad contra fraudes electrónicas de la uniformada actuara en la investigación, y en esa fase estamos”, precisó Bengoa.
El secretario de Finanzas informó, asimismo, que para la diafanidad de las pesquisas, han sido suspendidos y/o cancelados funcionarios o empleados que se presume o sospecha que puedan estar vinculados a las irregularidades.
Sin embargo, el funcionario explicó que “hasta tanto no termine la investigación y se puedan establecer responsabilidades, no podemos atribuir culpabilidades”.
Negó que estas pesquisas se hayan iniciado por recomendación o sugerencia del Banco de Reservas, como han especulado algunos medios informativos.
Dijo que la secretaría de Finanzas tiene sus propios mecanismos internos que están trabajando, junto a los investigadores policiales, para determinar las responsabilidades correspondientes.
Al mismo tiempo, Bengoa dijo que no hay un monto específico establecido de las operaciones irregulares supuestamente llevadas a cabo por los ejecutores de las irregularidades.
