SAN JUAN (Puerto Rico).- Luego de nueve días de cierre parcial de 43 agencias del gobierno y del sistema educativo público, todo indica que las autoridades de Puerto Rico están finalmente encarando la crisis fiscal que afecta al país. Ni el gobernador de la isla, Aníbal Acevedo Vilá, ni los dirigentes legislativos, han podido llegar a un acuerdo sobre cómo resolver la crisis.
Pero luego de un encuentro entre el arzobispo de San Juan, Roberto González, y líderes de todos los partidos se acordó establecer un organismo de conciliación.
El comité evaluará todas las propuestas para resolver la crisis presupuestaria y ofrecerá sus recomendaciones a más tardar este miércoles.
También analizará la reciente degradación del crédito del gobierno por parte de la agencia calificadora de riesgo Moody's Investors.
El establecimiento del comité ha permitido un aplazamiento de una huelga general de trabajadores del sector privado en apoyo de 95.000 personas que perdieron sus empleos.
El pasado 23 de abril, Acevedo Vilá anunció que el presupuesto gubernamental sólo alcanzaba para pagar los servicios esenciales de salud y seguridad hasta el comienzo del próximo año fiscal, el próximo 1º de julio.
La crisis presupuestaria no sólo ha dejado a los empleados públicos sin sueldo sino también a medio millón de estudiantes sin escuelas y ha llevado al cierre parcial o total de muchas dependencias del gobierno.
El problema ha afectado más duramente a los habitantes de las áreas cercanas a San Juan, quienes se han visto privados de servicios básicos como la salud pública y la recolección de basura.