El Gobierno detalla las 54.530 denegaciones de entrada y cerca de 43.500 deportaciones en los últimos siete años.
La política de control migratorio de España ha arrojado cifras contundentes en los últimos siete años. Desde 2018 hasta septiembre de 2025, el Gobierno ha ejecutado un total de 54.530 denegaciones de entrada en frontera, a lo que se suman 23.958 expulsiones y 19.392 devoluciones; una cifra combinada que supera las 97.000 personas.
Estos datos se han hecho públicos en una respuesta parlamentaria escrita del Ejecutivo al Partido Popular (PP), que había solicitado un desglose detallado de las medidas coercitivas migratorias y la situación en las salas de protección internacional en los principales aeropuertos del país.
El informe revela que, de todas estas medidas, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han jugado un papel crucial. En el mismo periodo, 15.655 expulsiones y devoluciones se gestionaron directamente desde estas instalaciones, despliega Europa Press..
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El CIE de Madrid lidera el balance con 3.908 ejecuciones, seguido por Barcelona (2.608) y Murcia (2.836). Valencia (2.127), Algeciras (1.714), Las Palmas (1.167) y Tenerife (1.096) completan las cifras más significativas. El centro de Archidona registró 199 ejecuciones.
El laberinto del asilo en frontera
El PP también preguntó por la situación de los solicitantes de asilo en las zonas de tránsito de los aeropuertos. El Gobierno ha respondido con cifras claras al 30 de septiembre de 2025:
- Madrid-Barajas: 24.146 solicitantes de protección internacional fueron ingresados en las salas habilitadas del Aeropuerto Adolfo Suárez.
- Barcelona-El Prat: 2.546 personas solicitaron asilo en el puesto fronterizo Josep Tarradellas.
En cuanto al tiempo de espera, la respuesta oficial es menos precisa, subrayando la complejidad administrativa: el tiempo medio de permanencia en estas salas a la espera de una resolución “no se puede establecer con exactitud”, ya que las circunstancias varían en función del número de solicitantes en cada momento y de la complejidad de la formalización de cada caso individual.
Respecto al marco legal, el Gobierno ha sido conciso, indicando que el sistema de devoluciones y expulsiones aplicado en los últimos siete años mantiene los mismos procedimientos que en los siete años anteriores.
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La diferencia clave reside en que la expulsión se aplica a extranjeros con residencia legal o visado que infringen la ley, mientras que la devolución se aplica a quienes son interceptados en frontera sin documentación o intentando entrar ilegalmente.
Este balance oficial deja constancia de la presión migratoria que soporta España y del constante esfuerzo administrativo para gestionar un volumen tan elevado de entradas, rechazos y solicitudes de protección internacional en sus fronteras.