Abogados de imputados persisten en tácticas dilatorias en la audiencia preliminar.
Santo Domingo.-La audiencia preliminar del caso Operación Calamar se ha convertido en una prueba de resistencia para la justicia dominicana. Una vez más, los abogados de la defensa de los principales imputados —los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, entre otros— han recurrido a maniobras que el Ministerio Público (MP) califica directamente de dilatorias.
Este viernes, en el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el proceso se ralentizó hasta detenerse con la presentación de un certificado médico. Esta vez, fue la defensa de Daniel Alberto Guerrero Mena la que alegó la indisposición de uno de sus miembros, requiriendo un reposo de 72 horas.
El MP, que acusa a la red de haber desfalcado al Estado por una cifra superior a los RD$19 mil millones mediante pagos irregulares y sobornos para financiar la campaña electoral de 2020, expresó su frustración ante la jueza Altagracia Ramírez.
El procurador fiscal Miguel Crucey fue tajante: la magistrada hizo una observación a la defensa sobre la "notoria intención de dilatar el proceso". Crucey enfatizó que a estos defensores ya se les había modificado el calendario de participación hasta en cuatro ocasiones. “Hoy iniciaron la presentación de sus alegatos de defensa, pero la interrumpieron alegando que el señor (abogado) no se sentía bien”, detalló el fiscal.
La situación forzó al tribunal a reorganizar por cuarta ocasión el cronograma. La jueza Ramírez, en una decisión salomónica para mantener el ritmo, dispuso que el próximo turno, agendado para el jueves 27, sea para el exministro de Obras Públicas. Guerrero Mena, cuya defensa provocó el último retraso, será el último en presentar sus argumentos ante el estrado.
Peticiones rechazadas y la distorsión del proceso
El Juzgado también tuvo que lidiar con una serie de peticiones accesorias que buscaron desviar el foco del proceso principal. En particular, la defensa del imputado Marcial Reyes intentó la devolución de un vehículo de motor incautado.
El fiscal Crucey confirmó que el tribunal rechazó la solicitud por considerarla extemporánea. La magistrada no solo desestimó el pedimento, sino que lo señaló como una "distorsión" de la naturaleza de la resolución, pues fue presentado fuera del plazo establecido.
Marcial Reyes es acusado de asociarse con el entramado de corrupción, supuestamente reclamando el pago de una porción de terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) al representar a personas ya fallecidas y valiéndose de documentos falsos.
Mientras el MP insiste en avanzar para demostrar la acusación de desvío de fondos públicos que debieron ir a parar a las arcas del Estado, las defensas mantienen su pulso, confiando en que el desgaste y la prolongación del tiempo pueden ser armas tan eficaces como cualquier argumento jurídico.
La vista preliminar, esencial para determinar si el caso irá a juicio de fondo, se convierte así en un campo de batalla donde el tiempo es el recurso más disputado.