Trump busca penalizar a inmigrantes que reciben Medicaid o cupones de alimentos por considerarse "carga pública"
La administración del presidente Donald Trump ha propuesto revivir una estricta política migratoria que evalúa de forma agresiva la dependencia de los inmigrantes a los programas de ayuda federal. En una jugada que replica y endurece una medida de su primer mandato, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca derogar la normativa de 2022 aprobada durante la gestión de Joe Biden.
El proyecto, publicado el 19 de noviembre en el Registro Federal, tiene un objetivo claro: ampliar los criterios por los cuales un extranjero que solicita la residencia permanente (Green Card) puede ser considerado una "carga pública".
Si las autoridades migratorias determinan que el solicitante tiene altas probabilidades de depender de las finanzas del Estado, su solicitud de cambio de estatus podría ser denegada.
La principal novedad es que el DHS propone incluir en esta evaluación dos beneficios cruciales que habían sido excluidos por la administración anterior: la cobertura del seguro Medicaid y los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La lucha por la discrecionalidad
El gobierno justifica su propuesta argumentando que la regulación de 2022 "no constituye la mejor implementación de la ley" y es "incompatible con la intención del Congreso", ya que dificulta la capacidad del DHS para determinar con precisión si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública.
En esencia, el proyecto busca dos cosas:
- Eliminar los incentivos que, según la administración, podrían motivar la llegada de más extranjeros que busquen beneficios gubernamentales.
- Conceder una mayor discrecionalidad a los funcionarios de inmigración al analizar los casos, lo que, según los críticos, abre la puerta a nuevos sesgos económicos y decisiones arbitrarias.
Como medida de mitigación, la normativa permite a un inmigrante considerado inadmisible presentar una fianza que garantice que no se convertirá en un dependiente en el futuro, un requisito financiero que funcionaría como salvavidas para quienes tienen capacidad económica.
Alarma entre activistas
La propuesta no solo mira hacia el futuro, sino que penaliza el pasado, ya que el plan del DHS exige evaluar los beneficios públicos que el extranjero haya recibido anteriormente y los que tenga activos al momento de la solicitud.
Esta situación ha encendido inmediatamente las alarmas de los activistas por los derechos de los inmigrantes. "Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y les corresponde, según la ley federal”, advirtió Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.
La penalidad, temen, provocará que muchos inmigrantes renuncien a la ayuda vital por miedo a represalias migratorias.
Los expertos también señalan que la aplicación de la norma podría provocar decisiones arbitrarias y discriminatorias por parte de distintos funcionarios, y podría incentivar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a introducir políticas internas sin aviso previo, lo que generaría aún mayor confusión.
La propuesta entra ahora en una fase de consulta pública de 30 días para recibir comentarios de la sociedad civil, aunque las autoridades no están obligadas a acatarlos. Tras este periodo, el despacho de la secretaria Kristi Noem decidirá si promulga, revoca o modifica el nuevo reglamento.