La trama consistía en la reconstrucción fraudulenta de documentos para sustentar supuestas filiaciones y reclamar terrenos.
Una exoficial del Estado Civil de Baní y un hombre han sido enviados a prisión preventiva por un mes, acusados de operar en un esquema dedicado a la falsedad de escritura pública y prevaricación. El Ministerio Público logró que una jueza del Distrito Judicial de Peravia impusiera la medida de coerción, poniendo un freno a la supuesta red de fraude documental.
La decisión afecta a Yohana Elizabeth de la Cruz Matos, quien fungía como oficial del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Baní, y a Dionicio Colomé.
A ambos imputados se les señala como piezas clave en un entramado que se especializaba en la reconstrucción fraudulenta de actas del Estado Civil. El modus operandi consistía en utilizar documentos de soporte completamente falsos para "legalizar" actas que, en realidad, nunca estuvieron inscritas en los libros oficiales de la institución.
El motivo del fraude: tierras y propiedad
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el fin último de estas reconstrucciones fraudulentas era una pretensión dolosa: permitir a los solicitantes reclamar derechos de propiedad sobre terrenos ajenos, basándose en una filiación inexistente o falsificada. La trama, por lo tanto, no solo atentaba contra la fe pública de los documentos del Estado Civil, sino que buscaba facilitar el despojo de bienes inmuebles.
En la audiencia, la acusación fue sustentada por el fiscal de Peravia, Luis Armando Pimentel, y la procuradora fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther González. La Junta Central Electoral también participó como parte querellante, respaldando la necesidad de defender la integridad de sus registros.
La jueza Rosaura Garabitos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Peravia, dictaminó que existe suficiente riesgo y prueba para imponer la prisión preventiva.
Los imputados serán procesados bajo cargos graves que incluyen asociación de malhechores, falsedad en documentos públicos, alteración de las actas del Estado Civil y prevaricación. Estos delitos son sancionados por varios artículos del Código Penal dominicano (147, 148, 166, 265 y 266), además del artículo 208 de la Ley 4-23 Orgánica de los Actos del Estado Civil.
La exoficial De la Cruz Matos deberá cumplir la medida en el centro penitenciario de Baní Mujeres, mientras que Colomé será internado en la cárcel de Baní Hombres, a la espera del desarrollo del proceso judicial en su contra.
