Mantener congelado el tope salarial libre de impuestos le costará a los trabajadores RD$13,700 millones en 2026.
Santo Domingo.-La estabilidad macroeconómica de la que tanto se presume tiene una letra pequeña que pocos leen, pero que todos pagan: la inequidad social. Así lo indica Arismendi Díaz Santana, economista y voz autorizada en seguridad social, que habla sobre un tema que erosiona el bolsillo de la clase trabajadora dominicana: la falta de indexación anual de los salarios.
Para Díaz Santana, la estabilidad fiscal no puede construirse a costa del bienestar de la gente. Recuerda que el Código Tributario establece claramente que el límite de los salarios exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) debe ajustarse anualmente según la inflación. Sin embargo, esta disposición es letra muerta desde 2017.
Para legalizar la referida omisión, expone en un documento enviado DiariodigitalRD, la medida se deroga año tras año en el presupuesto nacional, convirtiendo una excepción en una regla injusta que grava a más de 924,956 trabajadores de ingresos medios.
El también presidente de la Fundacion Seguridad Social para Todos (FSST) destaca que el impacto de esta "maniobra" no es simbólico; es millonario. Se estima que para 2026, el no aplicar este ajuste le costará a los asalariados unos 13,764 millones de pesos en impuestos que, bajo la ley original, no deberían pagar. A esto se suma el gasto de bolsillo en salud y servicios básicos —estimado en otros 40,000 millones—, comprimiendo asfixiantemente el presupuesto familiar.
Una brecha de 17,000 pesos
Recoge las cifras del Consejo Regional Empresarial y Social (CRES) que ilustran la magnitud del desfase. Allí se muestra que mientras la inflación acumulada entre 2017 y 2025 supera el 41%, el tope de exención sigue congelado en 34,685 pesos. Si se cumpliera la ley, ese techo debería estar hoy en 52,151 pesos. Esa diferencia de más de 17,000 pesos es dinero que el Estado retiene indebidamente del salario real de los trabajadores.
El economista ve como relevante que el debate del tema haya llegado al Congreso. El senador Omar Fernández ha calificado esta práctica como un "castigo fiscal" sostenido durante una década.
Observa que desde el Ejecutivo, la postura es ambivalente. El presidente Luis Abinader reconoce que la indexación es "justa y necesaria", pero advierte sobre el agujero que dejaría en las arcas públicas, lo que obligaría a recortar gastos sociales. En esa línea, Magín Díaz ha señalado que aplicar el ajuste de golpe podría reducir las recaudaciones en 25,000 millones anuales, sugiriendo una aplicación gradual.
La doble vara de medir
Sin embargo, el economista Nelson Suárez desmonta el argumento del descalabro fiscal. Suárez cuestiona la "exageración oficial" sobre las pérdidas, que sólo sería de 13,764.3 millones. Argumenta que el aumento del consumo por parte de los trabajadores compensaría gran parte de esa merma.
Pero el punto más crítico que señala Suárez es el doble rasero: mientras a los asalariados se les niega el ajuste por inflación, a las empresas y corporaciones sí se les permite aplicar ajustes por inflación, tasa cambiaria y valoración de activos.
"El Gobierno no tiene excusa válida para mantener una situación que perjudica al asalariado frente al sector empresarial", sentencia Suarez. Si no se corrige, cada aumento de sueldo nominal se convierte, paradójicamente, en un mayor castigo impositivo.
Díaz Santana sostiene que esta política no solo golpea a la fuerza laboral activa; también empobrece a casi 200,000 pensionados, cuyos ingresos fijos se devalúan año tras año sin que nadie actualice su poder adquisitivo.
Expone que se está ante un escenario que fomenta el resentimiento y la desconfianza en las instituciones democráticas. Para el economista la demanda es clara: una reforma fiscal integral que no cargue el costo, una vez más, sobre los hombros de quienes tienen menos capacidad de presión política.