Solicitan medida cautelar ante el TSA para frenar la designación interina de un gerente.
Santo Domingo.-El pulso por la autonomía de las cooperativas dominicanas ha subido de tono. Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Neyba (COOPACRENE) han solicitado una medida cautelar anticipada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) con el objetivo de suspender la reciente injerencia del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) en la designación de su gerente general.
La disputa se centra en la Resolución PA-0915-E, emitida el pasado 6 de noviembre por Maritza López Castaños de Ortiz, presidenta administradora del IDECOOP. Dicha decisión administrativa dispuso la designación de Cecilio Enrique del Valle Pérez como Gerente General Interino de COOPACRENE, alegando que el Consejo de Administración de la cooperativa no podía completar la elección formal de su órgano directivo debido a una supuesta situación interna.
La directiva de la cooperativa no ha tardado en reaccionar. A través de su abogado, el Dr. Víctor Eddy Mateo Vásquez, han depositado una instancia donde sostienen que la actuación del IDECOOP vulnera principios esenciales del derecho administrativo. El argumento central es que la Ley 127-64 sobre Sociedades Cooperativas otorga de manera exclusiva al Consejo de Administración la competencia para elegir a su Gerente.
Violación a la autonomía cooperativa
Los accionantes sostienen que la intervención del IDECOOP al designar directamente un gerente general interino constituye una violación flagrante a los principios de legalidad, competencia y debido proceso administrativo, consagrados en la Ley 107-13.
La Ley 127-64 y los estatutos internos de COOPACRENE definen un marco de autonomía cooperativa que, según la directiva, el organismo regulador ha ignorado. Al irrumpir en la designación del puesto más alto de la dirección ejecutiva, el IDECOOP estaría excediendo sus funciones y sentando un precedente peligroso para el funcionamiento interno y la gobernanza de todo el sector cooperativo.
Los demandantes solicitan que el TSA disponga la suspensión provisional del acto administrativo mientras se examina el fondo de la legalidad de la medida. Argumentan que la intromisión no solo afecta a COOPACRENE, sino que compromete la estabilidad y la autonomía de las entidades cooperativas del país.