Medida cautelar protege el patrimonio público mientras el MP investiga soborno y colusión.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha dado un golpe de timón para proteger el patrimonio público. El organismo informó este jueves la suspensión de oficio de 20 Registros de Proveedores del Estado (RPE) pertenecientes a personas jurídicas y consorcios que están bajo investigación por presuntamente manipular procesos de contratación pública.
Esta acción, formalizada mediante la resolución núm. DGCP44-2025-004600, es la consecuencia directa de una investigación administrativa interna y, más crucialmente, de la pesquisa penal que lleva a cabo el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Un listado que destapa una red
El listado de razones sociales y consorcios suspendidos abarca nombres como Comerdon, SRL; Inversiones Qtek SRL; Condelca, SRL; Tingley Business, SRL y Kury Limited, entre otras.
La DGCP también inhabilitó a consorcios complejos como Empresas Integradas & Concreto Pretensado y Empresas Integradas & Farmasino, lo que sugiere la existencia de una estructura organizada y con ramificaciones.
La DGCP advirtió que la lista de inhabilitados podría crecer conforme avancen las investigaciones.
La investigación penal señala a estas empresas por delitos graves que afectan la integridad del Estado, incluyendo estafa contra el Estado, soborno, colusión, lavado de activos, falsificación de documentos y asociación de malhechores.
El riesgo inminente y la medida cautelar
La DGCP enfatizó que esta decisión no es una sanción definitiva, sino una medida cautelar preventiva. Su objetivo es blindar el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y garantizar la transparencia mientras se desarrolla el proceso penal.
Según la institución, mantener la habilitación de empresas con indicios de colusión y prácticas fraudulentas constituye un "riesgo grave e inminente". Esto podría afectar la libre competencia, el uso eficiente de los recursos públicos y la igualdad entre los oferentes legítimos.
“El solo hecho de mantener la habilitación operativa de las empresas investigadas implica un riesgo real de que los presuntos oferentes infractores incurran en reiteración, obstrucción o afectación del proceso”, subraya el acto administrativo.
Antecedentes de chantaje y amenazas
