El acuerdo busca acercar la justicia constitucional a los ciudadanos hispanohablantes
Madrid. El Tribunal Constitucional (TC) y la Real Academia Española (RAE) han dado un paso significativo hacia la transparencia y la comprensión ciudadana. Ambas instituciones firmaron un convenio que incorpora al TC a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, una iniciativa que promueve el uso de un lenguaje comprensible en todos los ámbitos públicos, especialmente en la justicia.
El acuerdo fue rubricado en la sede de la RAE por Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente del TC, y Santiago Muñoz Machado, director de la Academia. El objetivo es claro: garantizar que las normas y decisiones constitucionales puedan ser entendidas por cualquier ciudadano, sin tecnicismos que levanten muros entre la ley y la sociedad.
Muñoz Machado recordó que la RAE trabaja para que el español evolucione sin perder su unidad, mientras Estévez Lavandier subrayó que la claridad en el lenguaje jurídico es un pilar democrático. “El derecho a comprender las leyes no es un lujo, es una obligación del Estado”, afirmó el magistrado durante el acto.
Este convenio no se limita a una declaración de intenciones. El TC se compromete a participar activamente en proyectos que impulsen el lenguaje claro en la justicia constitucional y a promover nuevas adhesiones a la red. La idea es sumar esfuerzos para que la comunicación institucional sea accesible, directa y sin ambigüedades.
La firma se realizó en el marco del 6º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, centrado en los derechos humanos de las generaciones futuras. Allí, la delegación dominicana del TC, encabezada por Estévez Lavandier, compartió espacio con magistrados y expertos internacionales en un debate sobre cómo acercar la justicia a la ciudadanía.
¿Qué es la Red Panhispánica de Lenguaje Claro?
Creada en 2022 en Santiago de Chile, esta red agrupa organismos estatales y entidades privadas de distintos países hispanohablantes. Su misión es doble: fomentar el lenguaje claro como base de la democracia y comprometer a las autoridades para garantizarlo en la vida pública. La iniciativa busca que las leyes, sentencias y trámites no sean un laberinto incomprensible, sino herramientas al servicio de la gente.
La red está abierta a cualquier institución que quiera sumarse. Ofrece un espacio de colaboración entre poderes del Estado y sociedad civil, con la lengua como eje vertebrador. En palabras de la RAE, se trata de “un servicio de interés general” que refuerza la cohesión social.
El papel del TC dominicano
El Tribunal Constitucional de República Dominicana, creado en 2010, es el máximo intérprete de la Constitución y garante de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables, y marcan precedentes para todos los poderes públicos. Con esta adhesión, el TC reafirma su compromiso con la transparencia y la defensa del orden constitucional.
En tiempos donde la complejidad jurídica aleja a los ciudadanos, este acuerdo envía un mensaje claro: la justicia debe hablar el idioma de la gente.