El Sexto Juzgado de Instrucción tomó la decisión tras la incomparecencia del representante legal al inicio de la audiencia preliminar.
Santo Domingo. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dictado un nuevo revés en el complejo proceso judicial de la Operación Camaleón. A solicitud del Ministerio Público (MP), la jueza Yanibet Rivas declaró en rebeldía a la empresa Industria Soltex Dominicana S.R.L., una de las personas jurídicas vinculadas al imputado José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como "Jochi Gómez".
La drástica medida fue tomada debido a la incomparecencia de su representante legal a la audiencia preliminar pautada para este lunes. Según la acusación del Ministerio Público, esta empresa habría participado activamente en operaciones de lavado de activos y contrabando, formando parte de un entramado ilícito que involucra a exfuncionarios y empresarios.
Aunque la audiencia preliminar debía arrancar este lunes, la jueza Rivas dispuso un receso y fijó la nueva fecha para el 15 de diciembre. Esta decisión fue una acogida parcial a una solicitud de la defensa, que había pedido un plazo de entre 45 y 60 días para estudiar a fondo la acusación. El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, en representación del MP, se opuso a ese plazo excesivo, argumentando que 25 días eran más que suficientes para analizar las 338 páginas de pruebas que componen el expediente.
El entramado de la Operación Camaleón
La Operación Camaleón desmanteló una vasta red de corrupción administrativa y lavado de activos que, según la investigación, operaba principalmente a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha presentado acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas. Entre los imputados más notorios figuran el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el propio José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S. Otros exfuncionarios clave son Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ambos con cargos directivos en el Intrant.
Las personas jurídicas que acompañan a Soltex Dominicana S.R.L. en la acusación son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Dekolor S.R.L.
La acusación, liderada por la procuradora general de Corte Mirna Ortiz y un equipo de fiscales, incluye una lista escalofriante de delitos que van desde corrupción administrativa y fraude en contrataciones públicas hasta sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Gómez Canaán: el eje de la conspiración
La investigación del Ministerio Público sostiene que José Ángel Gómez Canaán es el eje central de todo el esquema. Se determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se les otorgó un acceso privilegiado que fue utilizado para desviar fondos públicos.
Bajo la dirección de Gómez Canaán, estas entidades habrían conformado un entramado criminal dedicado a consolidar su control sobre infraestructuras y recursos estratégicos del Estado, vulnerando gravemente los principios de transparencia y legalidad.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz había declarado el caso como complejo e impuesto medidas de coerción contra los principales implicados, incluyendo a Hugo Beras y Jochi Gómez. Ahora, con la declaración de rebeldía de una de las empresas clave, el proceso da un nuevo, aunque accidentado, paso hacia el juicio de fondo.