El Gobierno cierra el plazo de la Ley de Memoria Democrática con 2.3 millones de personas interesadas.
Santo Domingo.-. El Gobierno español ha culminado una fase crucial en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, reconociendo el derecho a la nacionalidad española a más de 400,000 personas que son descendientes directos de exiliados del franquismo.
La cifra fue revelada este martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reseña Europa Press..
Este hito pone de manifiesto la magnitud de un proceso que ha suscitado un interés masivo a nivel global, especialmente en Iberoamérica. Según Torres, aunque se ha reconocido el derecho a más de 400.000 solicitantes, la cifra de personas interesadas en obtener la nacionalidad española a través de esta vía asciende a 2.3 millones.
El derecho se ha concedido en base a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, diseñada para reparar un daño histórico al permitir que los descendientes de aquellos que se vieron obligados a huir del país por la dictadura franquista puedan recuperar el vínculo formal con España.
Cierre de plazo y cifras finales
El ministro Torres anunció formalmente el cierre del plazo para recibir las solicitudes de cita para la nacionalidad por esta vía, incluyendo su prórroga. El balance final es significativo y ayuda a dimensionar el impacto de la ley:
- Personas inscritas (con solicitud de cita): 237,000.
- Derecho a la nacionalidad reconocido: Casi medio millón.
- Total de interesados: 2.3 millones.
El alto número de interesados, sumado a las cientos de miles de concesiones ya firmadas, subraya la profunda necesidad de reparación histórica y el fuerte lazo cultural que une a la diáspora con España.
Reparación simbólica y retirada de vestigios
Además de la masiva concesión de nacionalidades, el ministro Torres hizo hincapié en otras acciones de reparación y recuperación de la memoria histórica. Se ha otorgado la nacionalidad a 171 familiares de brigadistas que lucharon en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, un gesto de reconocimiento a la solidaridad internacional en defensa de la democracia.
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En cuanto a la limpieza simbólica del espacio público, Torres informó de la retirada de 4,000 "vestigios" franquistas en instituciones a lo largo del territorio nacional. Esta medida busca eliminar los elementos de exaltación de la dictadura que aún persisten en edificios y espacios públicos, cumpliendo con otro de los preceptos de la Ley de Memoria Democrática.
La ley no solo ha abierto una ventana de oportunidad para cientos de miles de personas, sino que también ha impulsado una revisión profunda del pasado reciente español, con el objetivo de consolidar una democracia que reconoce y repara los abusos de su historia.