El gremio rechaza prórroga ante el TC y advierte sobre grave precedente contra la seguridad jurídica.
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha manifestado su rechazo rotundo a cualquier intento de extender el plazo que el Tribunal Constitucional (TC) pueda otorgar al Congreso Nacional para la revisión del Código Procesal Penal (CPP). Específicamente, el foco está puesto en la Ley 10-15, que fue declarada inconstitucional por el mismo tribunal.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, fue enfático este martes al advertir que dar una nueva prórroga constituiría un "precedente improcedente" que iría en contra de la seguridad jurídica del país. Permitir una extensión, a su juicio, obligaría al TC a "volver sobre sus propios pasos", algo que el gremio considera inadmisible.
Potentini recordó que fue la propia alta corte la que sentenció en 2024 (ver sentencia TC. 0694/24) que sus decisiones son definitivas e inmutables. Por lo tanto, una prórroga sería equivalente a autorizar la revisión de facto de una sentencia, algo que la Constitución y la jurisprudencia dominicana prohíben expresamente.
Peligro de "contrarreforma"
La preocupación del Colegio de Abogados no se limita a la forma, sino que se extiende al fondo de los debates legislativos actuales. Potentini denunció que en el Congreso se han impulsado cambios que, más que una adecuación, representan una "contrarreforma" al Código Procesal Penal.
Entre estas propuestas regresivas, señaló la ampliación de la prisión preventiva y otras medidas restrictivas que, en su criterio, atentan directamente contra las garantías procesales y los avances que la Ley 10-15 original había consagrado.
Indicó que tales propuestas no responden al espíritu de la decisión del TC ni a las expectativas de la ciudadanía, que demanda una normativa moderna y respetuosa de los derechos fundamentales.
El llamamiento a la coherencia
Ante este escenario, la posición institucional del CARD es clara e innegociable: el Congreso debe ratificar la Ley 10-15 tal como fue aprobada originalmente, sin ninguna alteración. Esta ratificación debe realizarse respetando el procedimiento legislativo que corresponde a las leyes orgánicas.
El presidente del gremio sostuvo que solo una vez completada esta ratificación, y con la plena certeza jurídica restaurada, el Congreso podría sentarse a discutir cualquier eventual modificación futura, siempre bajo los mecanismos constitucionalmente establecidos.
El CARD advierte que solicitar o conceder una prórroga forzaría al propio Tribunal Constitucional a una situación de inseguridad jurídica que comprometería seriamente su autoridad interpretativa.
"Lo que se impone ahora no es buscar una prórroga, sino proteger la institucionalidad, ratificar la Ley 10-15 tal y como estuvo vigente en 2015 y luego abrir otros debates si el Congreso lo considera pertinente", concluyó Potentini.
El Colegio de Abogados hace un llamado final a los poderes públicos para que actúen con la máxima responsabilidad y coherencia con la doctrina del Tribunal Constitucional, evitando cualquier acción que pueda socavar la estabilidad del sistema jurídico dominicano.