Más de 70 conexiones fraudulentas y una mora de RD$771 mil obligan a suspender el servicio en Valle de Juancho.
La lucha contra el fraude eléctrico en la zona fronteriza ha llegado a un punto crítico. Edesur Dominicana reporta que se ha visto obligada a suspender el servicio eléctrico en el Valle de Juancho, Pedernales, tras agotar las vías de diálogo y detectar una alarmante red de más de 70 conexiones ilegales que ponían en riesgo la seguridad operativa del circuito JUCO101.
La situación trasciende la simple evasión de pago. La distribuidora confirmó que algunos usuarios, presuntamente parceleros de la zona, no solo mantenían conexiones fraudulentas, sino que operaban con transformadores y bombas clandestinas para sus predios agrícolas. Esta sobrecarga irregular ha provocado múltiples averías y fallas, comprometiendo el suministro que reciben 5,362 clientes regulares en la zona.
Sabotaje, mora y riesgo operacional
La suspensión del suministro, ejecutada el pasado jueves, se sustentó en dos problemas graves: el sabotaje sistemático de los equipos de medición y una deuda acumulada insostenible.
Los usuarios del área arrastraban nueve facturas vencidas, sumando una mora ascendente a RD$771,783.27.
Edesur reveló que el problema de la ilegalidad no es reciente. En febrero de este año, se detectó que los parceleros de Valle de Juancho estaban conectados de forma directa, facturando un irrisorio cargo fijo de RD$786.00, sin que se midiera ni se cobrara el consumo real de energía.
Tras descubrir la anomalía, Edesur regularizó la medición, lo que generó un acta de irregularidad por 518,463 kWh, con un valor facturado de RD$4,733,570.64. Aunque las nuevas facturas reflejaron el consumo real a partir de marzo, los usuarios optaron por no mantener la regularidad en los pagos, acumulando la mora actual.
Peor aún, la distribuidora confirmó la destrucción deliberada de equipos: el medidor principal y los medidores de las estaciones de bombeo fueron rotos o incluso desaparecieron.
Reiteradas amenazas y agresiones
A la deuda y el sabotaje se suman actos de violencia que son sancionados por la Ley General de Electricidad. Edesur ha denunciado reiteradas amenazas y agresiones al personal técnico, quienes han sido impedidos de realizar trabajos de suspensión o reconexión, e incluso de ejecutar acciones correctivas necesarias.El episodio más reciente y preocupante se registró en octubre, cuando hombres armados retuvieron a técnicos de la empresa en contra de su voluntad. Esta escalada de hostigamiento ha obligado a la distribuidora a recurrir a la fuerza pública para garantizar la integridad física de sus colaboradores.
