Sheij Hasina represión en su gobierno habría causado 1.400 muertes en 2024.
Dacca ha sido testigo de un fallo judicial histórico que sella el destino de su exlíder. La ex primera ministra de Bangladés, Sheij Hasina, fue condenada este lunes a la pena de muerte por crímenes contra la humanidad, un veredicto demoledor que cierra el capítulo de su tumultuosa caída tras quince años en el poder.
La sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ITC, por sus siglas en inglés) se relaciona directamente con la cruenta represión de las protestas masivas ocurridas entre julio y agosto de 2024, un periodo de caos que se cobró la vida de unas 1.400 personas y que, finalmente, precipitó su renuncia y huida del país.
Cómplices y confiscaciones
La condena capital no solo alcanzó a Hasina. El tribunal también dictó pena de muerte para quien fuera su ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, actualmente prófugo de la Justicia.
Paradójicamente, la corte impuso una pena de prisión mucho menor (cinco años) al ex inspector general de Policía, Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró activamente en el proceso judicial.
La condena capital no solo alcanzó a Hasina. El tribunal también dictó pena de muerte para quien fuera su ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, actualmente prófugo de la Justicia.
El fallo de este lunes establece además la confiscación de los bienes tanto de Hasina como de Asaduzaman. La Fiscalía había solicitado que, en caso de condena, estas propiedades fueran incautadas y utilizadas como reparación económica para las familias de las víctimas, según reportó el diario bangladesí The Daily Star.
La Larga Sombra de la Represión
Sheij Hasina, quien se encuentra huida en India, ya tenía un historial judicial comprometido. El Tribunal Internacional de Crímenes —establecido en 2009 para investigar genocidios y crímenes de lesa humanidad— tiene pendientes otros tres casos contra ella: dos por desaparición forzada y uno más por la represión de una oleada de protestas ocurrida en 2013.
De hecho, a principios de julio, la ex primera ministra ya había sido condenada a seis meses de cárcel por desacato, tras ser imputada por su orden directa de reprimir violentamente las manifestaciones de 2024.
Aquel levantamiento social comenzó como una protesta contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra, una política vista por la ciudadanía como profundamente injusta y clientelista. La respuesta militarizada de su gobierno, que condujo a una masacre, es ahora la causa de su condena final.
El veredicto de muerte es un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede terminar en tragedia y, en última instancia, en un castigo inapelable por la justicia.
